El proceso de consolidación de la política de inmigración en España se ha dado a lo largo de la última década, dentro del marco que define el gobierno multinivel, con indicadores claros. Entre ellos, desde la dimensión sustantiva, destaco el mantenimiento de la inmigración en las agendas políticas, la institucionalización de algunas áreas de intervención gubernamental en materia de control, de integración y cooperación con los principales países emisores; y desde la dimensión operativa, considero la estructura político-administrativa e institucional de la política, en la mayoría de los casos con fuertes similitudes entre los gobiernos autonómicos.

La política de inmigración se ha confirmado como una política de confrontación con un proceso decisorio tradicionalmente controlado por el partido en el poder, y con tiempos de permeabilidad diferentes a su extenso grupo de actores intencionales y públicos interesados.

La crisis económica de los últimos años ha afectado no solo a los flujos migratorios, y por tanto a parte del grupo objetivo, sino también a la política, llevando consigo en algunas arenas la redefinición de la misma. El objetivo de este trabajo es estudiar la potencial influencia que este reciente contexto económico ha tenido sobre la agenda institucional y la política de inmigración, e identificar también el tipo de cambio de la misma en la arena estatal y andaluza. La Comunidad Autónoma de Andalucía es el estudio de caso elegido; se aborda el desarrollo de sus competencias en materia de inmigración, el efecto que sobre el mismo ha tenido la crisis financiera del verano de 2008, y las consecuencias indirectas que sobre los ayuntamientos andaluces tiene la práctica política del gobierno de la Autonomía.