En las últimas décadas encontramos que se han incorporado medidas que llevan a reducir la brecha de desigualdad entre hombres, mujeres y otros colectivos; sin embargo, en el conjunto de la sociedad se siguen presentando grandes falencias en la materia. La administración pública y de justicia no es ajena a ello, y es así, que, a pesar de los compromisos de países y gobiernos, la administración pública mantiene hoy en día una deuda en el afianzamiento y avance efectivo de la implementación de la categoría de género en el ámbito de la gestión y gerencia pública. Por lo anterior es importante avanzar en abordar la perspectiva de género incorporándola y transversalizándola tanto en todos los procedimientos administrativos involucrados en la gestión pública como en la operacionalización del quehacer de la administración, materializada en políticas públicas diferenciales e incluyentes. De igual manera es importante avanzar en el posicionamiento de las mujeres en espacios de decisión dentro de la administración de justicia, que lleve de esta manera a tomar medidas positivas para tratar hechos de violencia estructural que perviven en contra de mujer.