Los años 70 del siglo XX contemplan una nueva realidad económica caracterizada por una combinación de graves problemas de estancamiento, paro e inflación, y desorden monetario internacional. La síntesis neoclásica no explicaba la presencia simultánea de inflación y recesión y era incapaz de proporcionar una fórmula para alcanzar el pleno empleo y la estabilidad de precios. La inadecuación de los postulados teóricos a la realidad precipitó la crisis de la ciencia económica y condujo a un estado de controversia teórica en el que, a diferencia de lo sucedido en décadas anteriores, no había un cuerpo teórico alternativo en la línea de la síntesis neoclásica aceptado por la comunidad científica económica. La crisis desatada en 2008 ha vuelto a poner de manifiesto la incapacidad del conocimiento económico convencional para dar solución a los problemas planteados por el nuevo régimen de acumulación, caracterizado por el predominio de lo financiero (Chesnais, 2003).

En esta ponencia se recogen tres corrientes críticas con el mainstream, que se declaran explícitamente institucionalistas y conciben la economía en un contexto histórico, social y político, lo que refleja el carácter político del empeño y desafía la pretensión de una ciencia libre de valores (Stiwell, 2016).  

Las dos primeras, la Escuela de la Regulación, o “aproximación regulacionista”, según B. Jessop, y la Economía radical americana,  tienen como objetivo explicar las pautas de largo plazo de la acumulación de capital analizando la relación entre el proceso de acumulación y un conjunto de instituciones ("formas estructurales“) ( Kotz, 1988). Por su parte, la Economía Política institucional cuestiona la interpretación ortodoxa de la problemática del desarrollo y se propone “Buscar pautas históricas permanentes, construir teorías para explicarlas y aplicar estas teorías a problemas contemporáneos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los cambios en las circunstancias tecnológicas, institucionales y políticas” (Chang, 2002).