Desde la década de 1990, los Estados de Bienestar europeos han intentado reformar las políticas de cuidados de larga duración para lograr el difícil equilibrio entre calidad y universalidad de la prestación de los cuidados. Estos objetivos o retos han tratado de lograrse en medio de un proceso de envejecimiento generalizado de las sociedades y un contexto de austeridad permanente, con una contención sin precedentes del gasto social en muchos sistemas de protección social maduros y ampliamente consolidados. Aunque reconocidos desde hace tiempo, los retos a los que se exponen los sistemas de cuidados y sus trabajadores esenciales se han visto acrecentados por la crisis del COVID-19 y su dramático impacto en las residencias de personas mayores, entrando en el centro de las agendas políticas europeas y nacionales. En ese contexto, se ha invocado ampliamente la necesidad de desarrollar servicios de cuidado de larga duración de alta calidad que beneficien el bienestar y la salud tanto de las personas mayores como de los trabajadores del sector, al tiempo que proporcionan oportunidades de empleo digno y hacen que el sistema de atención sea más eficiente y sostenible. ¿En qué medida la crisis sanitaria ha puesto en marcha reformas estructurales sobre las condiciones y la calidad del trabajo en este sector? ¿Qué factores han facilitado (u obstaculizado) dinámicas de cambio estructural en la organización de la prestación de servicios en este ámbito del Estado de Bienestar? Para abordar estas cuestiones, el artículo presenta un análisis cualitativo de la reforma de los criterios de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD debatida por el Consejo Territorial entre 2021 y 2022, profundizando en el análisis de sus resultados y en los determinantes -institucionales, políticos y financieros- que dieron forma a un (parcialmente frustrado) cambio radical del sistema.