Entre los numerosos debates sobre las narrativas democratizadoras que surgen en Túnez tras la Primavera Árabe, el tema del racismo es uno de los que emerge con mayor fuerza en al espacio de lo público y cobra una especial relevancia. Ello es consecuencia de varios factores, como la mayor vulnerabilidad de la población negra del país (pobreza, analfabetismo, exclusión…) y la discriminación sociopolítica que durante décadas han sufrido estas personas debido, entre otras cuestiones, a la política de “tunificación”, modernidad y unidad nacional que puso en marcha el padre de la patria, Habib Bourguiba, desde su acceso al poder en 1957 y que, en gran medida, continuó funcionando durante el régimen autoritario de Ben Ali (1987-2011). Entre otras consecuencias de dicha política podemos mencionar: la invisibilización de las minorías; la negación de la diversidad cultural, religiosa y racial propia del país (bereberes, judíos, personas negras...); la normalización de cierto pensamiento, costumbres y prácticas de discriminación racial; y la negación de la discriminación racial por parte de los políticos, las instituciones y la propia población. A ello se une la presencia, cada vez mayor, de población subsahariana que lleva a Túnez por diversos motivos (estudios, trabajo, transición hacia otros países, refugio…) y que ha tenido también un importante protagonismo para que el tema de la discriminación racial haya tomado una dimensión política cada vez mayor, íntimamente relacionada con los derechos humanos y los fundamentos democráticos.

Esta compleja realidad social ha propiciado, a su vez, el surgimiento de un importante movimiento asociativo especializado en tema de discriminación racial (M´nemty, Asociación ADAM para la Igualdad y el Desarrollo, Asociación Aqaliyet, etc.) que, aprovechando el nuevo clima de libertades propiciado por la Primavera árabe, ha denunciado lo que ellos consideran como racismo estructural del Estado y ha reivindicado diversas demandas económicas y sociales a favor de la ciudadanía negra, incluyendo una legislación eficaz contra el racismo. 

En este clima de cambios y movilizaciones sociales, que viene acompañado, además, por diversos actos de discriminación o violencia racista que salen a la palestra, es cuando las instituciones políticas empiezan a tomar una mayor implicación, incluyendo el racismo entre sus programas y proyectos. De esta forma, el gobierno de Youssef Chahed (27/08/2016-25/07/2019, bajo la presidencia de Béji Caïd, Essebsi, sometió al parlamento la Ley Orgánica 2018-50 del 23 octubre 2018 relativa a la eliminación de todas las formas de discriminación racial, un importante texto que, por primera vez en la historia de Túnez, define en el orden jurídico tunecino la noción de discriminación y establece una serie de medidas penales y preventivas, incluyendo la creación de una Comisión nacional de lucha contra la discriminación racial.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, esta ponencia tendrá por objetivo analizar el contexto social y político sobre la discriminación racial que lleva al parlamento tunecino a promulgar la Ley Orgánica 2018-50, así como las aportaciones y limitaciones de esta norma.

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