1. ANTECEDENTES

No hace mucho tiempo, en el imaginario de la ciudadanía costarricense aún se percibía una alta valoración sobre la calidad de nuestra democracia, considerada bastante sólida y madura, especialmente si se lanzaba una mirada comprensiva hacia el resto del contexto latinoamericano.

Dichas percepciones comenzaron a hacerse más palpables a partir de la década del cuarenta del siglo anterior, cuando Costa Rica comenzó a transitar por los caminos de la reforma social que la llevaron a reforzar, poco a poco, su modelo de Estado de Bienestar. Ello a pesar de haber sufrido en aquellos años una guerra civil, corta en el tiempo, pero con efectos de larga duración, dados los grandes cambios socio políticos que suscitó.

La crisis económica internacional, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, produjo en Costa Rica las circunstancias sociopolíticas necesarias para forjar una particular alianza entre diversos sectores progresistas, incluido el gobierno del Partido Republicano Nacional, presidido por Rafael Ángel Calderón Guardia, -un médico de pensamiento reformista- un sector de la Iglesia Católica, dirigido por su máxima autoridad -Monseñor Víctor Sanabria Martínez- y el movimiento sindical orientado por el Partido Comunista, luego conocido como Partido Vanguardia Popular.

            Las élites económicas de la época no vieron con agrado esa alianza y pronto se produjo una seria polarización política e ideológica que terminó con la explosión de una guerra civil. Así, en marzo de 1948, los sectores opuestos a la reforma plasmada por la alianza entre Calderón, el Partido Comunista y la Iglesia se alzaron en armas, dirigidos por el dirigente opositor José Figueres Ferrer, un productor cafetalero de padres catalanes.

No obstante, uno de los resultados más importantes de aquel conflicto armado, en el mediano plazo, fue el fortalecimiento del Estado de Bienestar, pues privó el pensamiento modernizante de algunos sectores socialdemócratas involucrados en la guerra contra la llamada alianza caldero comunista.  

Durante las siguientes décadas, el nuevo bloque en el poder, organizado en el seno del Partido Liberación Nacional (PLN), se encargó de impulsar la modernización de las estructuras socio económicas del país. Con esto vino luego la diversificación económica, el impulso a un incipiente desarrollo industrial, la expansión de los sistemas educativo y de salud pública, y la consolidación de un Estado con estructuras más modernas.

            Asimismo, como consecuencia de ese fenómeno, el creciente sector laboral compuesto por los empleados del Estado comenzó a engrosar la emergente clase media, convirtiéndose ésta, de ahí en adelante, en una muestra más de que Costa Rica se estaba convirtiendo en una sociedad más moderna e inclusiva.

Todavía a comienzos de la década del ochenta del pasado siglo, aquellas percepciones positivas sobre el funcionamiento de nuestra democracia seguían haciéndose evidentes en diversos sectores de la población. Además, eran sistemáticamente reforzadas por medio del discurso de las élites en el poder, los medios de comunicación y por los partidos políticos de más tradición. Hasta ese momento, el modelo sociopolítico costarricense parecía seguir siendo viable.

No obstante, ese panorama comenzó a desdibujarse cuando los gobernantes del bipartidismo (PLN y PUSC) comenzaron a implementar los cambios que los organismos financieros internacionales les fueron imponiendo a los países latinoamericanos.

 

1. LA AGONÍA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y EL ARRIBO DEL MODELO NEOLIBERAL EN COSTA RICA

En el año 1982 llegó de nuevo al poder el PLN, justo en el momento en el que empezaron a palparse los primeros atisbos de la llegada de un nuevo modelo económico. Don Luis Alberto Monge,  recién electo presidente, pese a haber sido un dirigente sindical socialdemócrata de larga trayectoria, comenzó a poner en práctica las primeras medidas de estabilización económica solicitadas por el FMI y el Banco Mundial, con el objeto de enfrentar la seria problemática de la deuda externa. En tal sentido, se comenzaron a dar los primeros pasos para implementar el Primer Ajuste Estructural, aprobado finalmente en 1985. Ello llevó pronto a una marcada reducción de la planilla de empleados públicos y al fomento de la flexibilización financiera por medio de la apertura comercial del sector bancario, de carácter exclusivamente nacional hasta aquel momento. Se inició entonces un veloz proceso para lograr la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de subsidios a la población de menores recursos, y, en general, la contracción general del gasto público. Aquel fue el principio del desmantelamiento de las políticas redistributivas del Estado de Bienestar (Nowalski, 1997).

Ese proceso continuó su curso durante la siguiente administración del PLN, la del presidente Oscar Arias Sánchez (1986-1990). Durante su gobierno fue firmado el Segundo Plan de Ajuste Estructural, en 1989, dándole continuidad al proceso de privatizaciones en el seno del Estado, estimulando la iniciativa de las empresas privadas, procurando incrementar la desnacionalización del mercado financiero y el arribo de nuevas transnacionales.

Tales medidas repercutieron muy pronto en las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos: se redujeron los salarios, aumentó el desempleo y la informalidad laboral. También se incrementó el costo de la vida con los nuevos impuestos y, pronto, comenzó a observarse una notable concentración de la riqueza (Aguilar, 2004).

Uno de los sectores laborales más afectados en aquel momento fue, precisamente, el de los empleados públicos, debido a la disminución de puestos de trabajo en las dependencias del Estado. Ese proceso también comenzó a golpear a la organización sindical del sector público, dando inicio así un período de decadencia, a pesar de haber sido  de los más fuertes del país (Aguilar, 1989).

Por su parte, los sindicatos de la empresa privada, ya de por sí muy debilitados, en esos mismos años comenzaron a sufrir un acelerado proceso de extinción. Los sindicatos bananeros, por ejemplo, los únicos sobrevivientes en el ámbito privado durante las décadas siguientes al conflicto armado de 1948 también terminaron sucumbiendo como resultado de las medidas aperturistas. Aquel fue uno de los momentos más reveladores del paulatino resquebrajamiento del sistema democrático costarricense, especialmente cuando en 1984 comenzaron a impulsarse las llamadas asociaciones solidaristas, organizaciones que pretendían desplazar a los sindicatos en los centros de trabajo. La integración obrero-patronal de tales asociaciones vino a amenazar de muerte a la autonomía sindical.  

Al arribar la última década del siglo XX, las cosas se fueron agravando. Al resultar electo presidente en 1990 don Rafael Ángel Calderón Fournier - del PUSC- irónicamente, hijo del gran reformador de los años cuarenta que llevaba su mismo nombre, la situación del país se fue deteriorando más.

Esta administración comenzó a dar nuevos pasos para acelerar las reformas impuestas por los organismos financieros internacionales desde la década anterior. Así, por ejemplo, el gobierno de Calderón Fournier decretó una nueva reducción de la planilla pública y con ese objetivo, implementó un plan de movilidad laboral de miles de trabajadores públicos, ello con la intención de insertarlos en el ámbito de la empresa privada. Esto con el inconveniente de que la experiencia laboral acumulada por los empleados públicos no siempre resultaba compatible con los requerimientos de la mano de obra necesaria en las nuevas empresas de carácter transnacional.

            Por otra parte, el gobierno de Calderón aplicó nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos y recortes en los montos destinados a la solidaridad social. Además, implementó una serie de recortes en el régimen de pensiones de los trabajadores públicos, especialmente en el caso de los educadores (Aguilar, 2004).

En 1994 fue electo presidente por el PLN el candidato José María Figueres Olsen, hijo de otro gran reformador de los años cuarenta, el expresidente José Figueres Ferrer. Figueres Olsen, al igual que sus predecesores, asumió la línea dictada desde fuera para implementar la apertura económica de nuestro país e insertarnos en las corrientes globalizadoras de la economía. Con ese objetivo, se dio a la tarea de negociar el Tercer Plan de Ajuste Estructural con el Banco Mundial en 1995.

Al respecto, debemos subrayar que dicho plan fue negociado previamente entre el gobierno saliente y el entrante, de ahí que se le llegó a conocer como el   Pacto Calderón-Figueres. Aquello marcó el inicio de un largo proceso de agotamiento vivido por los dos partidos políticos costarricenses de mayor tradición.

Como era de esperarse, el gobierno de Figueres Olsen se dispuso a continuar con más recortes presupuestarios en el sector público y, especialmente, con la privatización de las empresas públicas más atractivas a los ojos del gran capital.

En ese sentido, aquella administración se propuso darle un impulso mayor a la apertura de la banca nacional. Así, en setiembre de 1994 ordenó el cierre del banco más antiguo del país, el Banco Anglo Costarricense, fundado desde 1863. En 1949 éste y los demás bancos privados del país habían sido nacionalizados, justamente, por el gobierno de su padre.

Continuando con las mismas políticas, la administración de Figueres Olsen se esforzó por atraer al país varias empresas norteamericanas. Una de ellas fue INTEL, con el objeto de impulsar la producción de circuitos integrados para computadoras. Lo mismo ocurrió con la llegada de otras empresas como Motorola y con la apertura de varios call centers en el país.

Todos esos cambios comenzaron a desestabilizar, particularmente, a los sectores medios de la sociedad. En ese sentido, uno de los momentos de mayor tensión durante la administración de Figueres Olsen se vivió entre julio y agosto de 1995, cuando las organizaciones sindicales de la educación de todo el país se declararon en huelga, esto ante la aprobación de un proyecto que reformaba la Ley de Pensiones del Magisterio Nacional. Tal reforma significaba un profundo retroceso en las condiciones que hasta entonces habían disfrutado los educadores al acogerse a su jubilación. Ello marcó un paso atrás en su calidad de vida y, a la vez, un salto adelante en la aplicación de las políticas de ajuste estructural que se venían implementado desde 1985.

En realidad, aquellos tiempos marcaron el comienzo de  un gran retroceso en el modelo de desarrollo costarricense, con profundas consecuencias en todos los ámbitos de la vida nacional.

 

1. LOS EFECTOS DEL NUEVO MODELO ECONÓMICO EN LA ESTABILIDAD DE NUESTRA DEMOCRACIA

Al finalizar el siglo XX, la sociedad costarricense comenzó a mostrar claramente su pesimismo e insatisfacción con respecto al futuro del país. La decepción de muchos ciudadanos, derivada de la alianza de los dos partidos históricos en el llamado Pacto Calderón-Figueres, pronto se hizo sentir. El bipartidismo iniciaba así su propia crisis.

En 1998, el PUSC había ganado las elecciones y don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría se convirtió en el nuevo presidente. Al proyecto estrella de aquella nueva administración se le denominó Ley del Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones, cuyo objetivo primordial era la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En lo sucesivo, este proyecto marcaría el destino de su mandato.

Cabe señalar que el ICE, como institución pública, ha tenido un fuerte arraigo en la conciencia ciudadana costarricense, forma parte de su identidad nacional, lo mismo que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues estas instituciones representan el legado más importante de las gloriosas reformas sociales del siglo anterior.

El proyecto de privatización del ICE fue aprobado en la Asamblea Legislativa en marzo del 2000, generando un repudio social de enormes dimensiones, como pocas veces había ocurrido en la historia de nuestro país. Casi de inmediato, numerosos sectores sociales iniciaron un gran movimiento de protesta, incluidas las organizaciones de agricultores, los sindicatos del Estado, las asociaciones de educadores del sector público, las organizaciones pastorales de la iglesia católica, el personal académico y administrativo de las universidades estatales, las asociaciones de estudiantes de educación superior y, particularmente, los propios sindicatos del ICE,  que se dieron a la tarea de enfrentar de manera decidida aquella propuesta en contra de su Institución.

            Entre los meses de marzo y abril del año 2000, bajo el lema “ICE sí, Combo no” todos esos sectores sociales se lanzaron a las calles en defensa de dicha institución. Demandaban el retiro inmediato del proyecto en discusión legislativa, cosa que finalmente se logró cuando la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional por defectos de procedimiento en su discusión y aprobación (Menjívar, 2005).

Al mismo tiempo, comenzó a palparse una seria crisis en el seno de los partidos políticos conservadores y comenzaron a debilitarse de una forma casi irreversible. Este fenómeno también les facilitó a las élites neoliberales continuar por las sendas de la privatización del Estado y la apertura acelerada de nuestra economía.

A partir del año 2003, durante la administración presidencial de don Abel Pacheco de la Espriella (PUSC), se inició un nuevo período de zozobra nacional, al comenzar a discutirse el proyecto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Este proyecto pretendía ampliar las estrategias aperturistas de la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe, aprobada por Estados Unidos en 1983, durante el gobierno de Ronald Reagan. Tal iniciativa tenía por objeto establecer una serie de leyes arancelarias y comerciales para ampliar el intercambio de mercancías entre los países de toda esa región, incluido México, Centroamérica, las islas del Caribe, Colombia y Venezuela.

Es interesante hacer notar que, en el marco de las discusiones sobre el TLC, la memoria del éxito obtenido en la experiencia de lucha en contra del llamado Combo del ICE, despertaba de nuevo el optimismo en la conciencia de quienes se oponían a la firma del nuevo tratado comercial. No obstante, las cosas resultaron mucho más difíciles.

Quizá, ninguna coyuntura como aquella del TLC produjo tantos debates y publicaciones de carácter económico, político, jurídico e ideológico, dedicados especialmente a dilucidar las múltiples desventajas que traería a nuestro país el nuevo tratado. En esa misma perspectiva, las universidades púbicas jugaron un rol esencial, en tanto se convirtieron en espacios idóneos para dilucidar los múltiples factores que aconsejaban no apoyar el libre comercio con Estados Unidos. 

Una de las mayores preocupaciones que flotaba en aquel ambiente de tanta incertidumbre, era pensar en una mayor dependencia comercial del exterior. Además, era una amenaza para nuestra soberanía política, monetaria y alimentaria. Un resultado inminente, señalaban los expositores, sería el ensanchamiento de la brecha social, la pérdida de derechos de la clase trabajadora en los sectores público y privado y, en última instancia, un mayor enriquecimiento de algunos grupos empresariales por medio de las nuevas concesiones que otorgaría el Estado parar realizar obra pública (Mora, 2006).

En aquel ambiente tan caldeado por la polémica en torno al TLC, se acercaba también un nuevo proceso electoral. En Costa Rica, desde 1969 se había prohibido la reelección presidencial, sin embargo, el expresidente Oscar Arias Sánchez comenzó a mover sus piezas para intentar reelegirse, pese a los impedimentos constitucionales.

En principio, Arias trató de interponer sus buenos oficios en la Asamblea Legislativa para que se anulara el artículo constitucional que le impedía reelegirse. Al no lograrlo, en el año 2003 elevó una consulta a la Sala Constitucional, la cual sí recibió una respuesta positiva que le permitía regresar a la silla presidencial.

Por otra parte, resultaba evidente el acercamiento entre el expresidente Arias Sánchez y el gobierno de Estados Unidos para impulsar, a través de su reelección, la aprobación del TLC, como efectivamente ocurrió. Pocos meses después de su reinstalación como presidente, la aprobación del TLC era ya un hecho consumado.

La polarización en torno a aquel polémico tratado llegó a un punto tan álgido que, por primera vez en la historia de Costa Rica, en lugar de ser la Asamblea Legislativa la que decidiera el destino del TLC, se llamó a un referéndum. Sería el voto directo de la ciudadanía el que decidiera.

La consulta popular se llevó a cabo el 7 de octubre de 2007 y sus resultados fueron muy estrechos: 51,6 % votó a favor y el 48,4% votó en contra (TSE, N.º 2944-E-2007). Esas cifras dejaban clara la gran polarización social y política que produjo el proceso de discusión del TLC.

En aquellas circunstancias, fueron muchas las presiones patronales sufridas por los trabajadores de las empresas privadas para que votaran afirmativamente el TLC. Aquello ocurrió, especialmente, en las zonas francas donde se ubicaba la mayoría de las transnacionales. Denuncias como estas fueron canalizadas a través de los denominados comités patrióticos, espacios creados, específicamente, para organizar a las comunidades en lucha. También las denunciaron algunas organizaciones sindicales del sector estatal, por falta de sindicatos en las propias empresas privadas.

Consumada la aprobación del TLC, durante esa misma administración se comenzó a acelerar el paso para la apertura comercial del Instituto Nacional de Seguros (INS). Esta lucrativa institución estaba en la mira de algunas aseguradoras extranjeras desde años atrás.

En Costa Rica se había creado desde 1924 el Banco Nacional de Seguros por iniciativa de algunos diputados reformistas, los cuales, por primera vez, habían llegado al poder legislativo en representación de las organizaciones sindicales de la época. En vista de la ausencia de un sistema de salud pública, el objetivo de aquella ley era procurar la atención médica de los accidentes laborales, muy frecuentes en aquella época, especialmente en las fincas cafetaleras, en las plantaciones bananeras y en los talleres de la pequeña industria (Ramírez,1989).

            Aquel Banco Nacional de Seguros resultó mucho más fortalecido en 1949 cuando fue transformado en una institución autónoma de carácter estatal, llamándose desde entonces INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS).  En adelante, no solo vendería los seguros sociales del Riesgo del Trabajo y los Seguros Obligatorios, sino que amplió su oferta de seguros a otros sectores productivos. De esa forma, muchas empresas privadas se vieron favorecidas al poder acceder a nuevos tipos de seguros para proteger sus cosechas, sus propiedades y a sus trabajadores.

El monopolio estatal de los seguros se acabó en agosto del 2008, cuando se aprobó la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Actualmente, todas las empresas aseguradoras son reguladas por la Superintendencia de Seguros, lo cual reconfiguró definitivamente el paradigma del INS.

En 2010, cuando ya se había plasmado la mayoría de las privatizaciones institucionales en lista, llegó al poder Laura Chinchilla Miranda, elegida por el PLN. Ella se convirtió en la primera mujer costarricense en asumir la presidencia de la República y, seguramente, ese aspecto contó para que los liberacionistas continuaran en el poder, pues el voto de las mujeres se hizo sentir claramente.

            No obstante, desde entonces el PLN ha tenido que limitarse a permanecer en la oposición, lo cual lo ha sometido a un proceso de desgaste que pareciera irreversible. Lo mismo ha ocurrido con el PUSC, la última vez que éste ganó las elecciones fue en el año 2002 con la elección de don Abel Pacheco de la Espriella, como se había mencionado  antes.

Una de las repercusiones más negativas de aquel largo proceso durante el cual se asentaron los fundamentos ideológicos neoliberales en nuestro país, fue la crisis paradigmática y de representación que sufrieron los partidos políticos más importantes. A continuación, nos referiremos a ese fenómeno.

 

1. LA CRISIS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA COSTA RICA DEL SIGLO XXI

No pasó mucho tiempo sin que se hicieran sentir las repercusiones del nuevo modelo económico derivado del llamado Consenso de Washington.  Dicho fenómeno se hizo particularmente evidente con la crisis que, desde entonces, han sufrido los dos partidos políticos que habían sido los más importantes del país, el PLN y el PUSC. Éstos habían sido herencia del pacto social que se fue construyendo en Costa Rica a partir de la década del cincuenta del siglo XX, luego de superada la polarización producida por la guerra de 1948.  

Cabe aclarar que los partidos políticos costarricenses habían heredado de aquella guerra algunas falencias. Así, por ejemplo, el duelo por los caídos en combate, la destrucción material y el exilio de algunos altos dirigentes de los partidos vencidos en la guerra, había producido serias divisiones y resentimientos que tardaron mucho en sanarse.

Por otra parte, la ilegalización del Partido Comunista en 1948 le imposibilitó a esa organización participar electoralmente durante veintisiete años. Además, a lo largo de ese período, diversos partidos de la izquierda costarricense habían pretendido inscribirse para participar en algunas contiendas electorales sin conseguirlo (Aguilar, 1983). No fue sino hasta 1975, cuando se eliminó el artículo 98 de la Constitución Política el cual, expresamente, prohibía la participación electoral del Partido Vanguardia Popular.

Sin embargo, el retorno a la legalidad de la izquierda costarricense no modificó sustancialmente el panorama electoral de los años siguientes. Fueron los cambios negativos producidos en el seno del modelo desarrollista a partir de la década del ochenta los que, en última instancia, debilitaron a los partidos de mayor tradición, dadas las contradicciones ideológicas que ello implicaba.

Por otra parte, con el arribo de numerosas empresas extranjeras a suelo nacional y, particularmente, con la privatización de algunas instituciones del Estado, las acusaciones sobre actos de corrupción de parte de algunos políticos ubicados en puestos estratégicos de poder, en diferentes gobiernos de ambos partidos, dieron inicio al desprestigio de rostros muy representativos del PLN y del PUSC. Ese fue el caso de los expresidentes Rafael Ángel Calderón Fournier y Miguel Ángel Rodríguez, ambos juzgados y condenados por actos de corrupción. El expresidente José María Figueres Olsen también fue objeto de graves acusaciones en ese mismo sentido, aunque no pudo ser juzgado porque se trasladó a vivir a España por más de una década, lo cual permitió la prescripción de las acusaciones en su contra. Luego regresó al país e intentó reelegirse presidente en las elecciones del año 2022, perdiendo en las urnas frente al actual presidente, Rodrigo Chaves Robles.

Como es de suponer, aquellos fueron golpes muy fuertes para la ciudadanía y, en general, para la democracia de nuestro país. Todo ello ha arrastrado a la sociedad costarricense hacia un escepticismo que ha alimentado, de varias maneras, los discursos en tono populista de los nuevos aspirantes a escalar los peldaños que llevan hasta las altas estructuras del poder del Estado.

Una de las consecuencias más importantes de aquella crisis fue la división del PLN y el nacimiento de una nueva organización, el Partido Acción Ciudadana (PAC), creado en diciembre del año 2000, con aparente rostro de centro izquierda. Sus fundadores habían sido muy cercanos a la figura del expresidente Oscar Arias Sánchez, incluyendo a su excolaborador Otón Solís, a su exesposa Margarita Penón y al reconocido escritor Alberto Cañas.

En las filas del PAC se incorporaron también otros liberacionistas desencantados por el abandono de los ideales social demócratas de su partido y, principalmente, por los actos de corrupción observados en algunos miembros de su dirigencia. Por otra parte, a ese nuevo partido también se incorporaron algunos exmilitantes de los extintos partidos de la izquierda nacional, especialmente del PC y del Partido Socialista. En general, su militancia incluía a estudiantes y académicos de las universidades públicas, profesionales de diversos campos y sectores empresariales de mediano y alto nivel, los cuales lograron convencer a grandes sectores de la población, desilusionados por el pobre desempeño de los partidos tradicionales frente a la imposición del modelo neoliberal en nuestro país.

Por su parte, el fundador del PAC, el economista Otón Solís, proveniente de una familia bien acomodada económicamente, había sido ministro en la administración Arias Sánchez entre 1986 y 1990 y, desde esa época, se hacían evidentes sus aspiraciones de llegar a la silla presidencial.

Las discusiones nacionales en torno a la aprobación del TLC, le ofrecieron al PAC la gran oportunidad para escalar en popularidad y reconocimiento nacional. En ese momento se posicionó claramente en contra de ese tratado y ello le permitió construir una buena base social de apoyo.

En las elecciones nacionales del año 2006 el PAC participó por primera vez con Otón Solís Fallas como candidato presidencial, convirtiéndose en uno de los favoritos para ganar aquellas elecciones frente al experimentado expresidente liberacionista Oscar Arias Sánchez. Finalmente, el resultado estuvo muy reñido, a punto de ir a una segunda ronda: el PLN ganó con un 40.92% frente al PAC que obtuvo un 39,80% (PEN,2006). En lo sucesivo, aquel proceso electoral cambió definitivamente el panorama político costarricense.

Por otra parte, en el seno de la izquierda nacional también ocurrieron algunos fenómenos políticos de importancia. Como sucedió en muchos otros países de América Latina, el derrumbe de la URSS produjo una grave crisis en el seno del PVP. Además, desde años antes, las guerras civiles en Centroamérica venían conmoviendo a la izquierda nacional. Sus discusiones en torno al rol que sus organizaciones deberían de jugar en aquel conflicto les planteaban grandes retos tanto al PVP como a los otros partidos de la izquierda (Partido Socialista y el Movimiento Revolucionario del Pueblo).

De una u otra manera, esas organizaciones terminaron colaborando en tales conflictos, sobre todo en el derrocamiento de la dictadura nicaragüense de Anastasio Somoza en 1979, pero aquellos episodios produjeron diferencias internas de carácter táctico y estratégico, provocando graves consecuencias en el corto plazo. Finalmente, el PVP se dividió en 1984 y entró en una crisis, prácticamente sin retorno. Una suerte parecida corrió el PS y el MRP.

            A comienzos del siglo XXI, en el marco de las luchas contra el TLC, un sector desligado del antiguo PVP que, con otros nombres, se había mantenido activo en el ámbito electoral, logró reunir a algunos jóvenes, estudiantes, gente del mundo académico, viejos militantes, algunos dirigentes sindicales de las fincas bananeras, mujeres del movimiento feminista, activistas del movimiento de la diversidad sexual y líderes ecologistas. Con esta base social se fundó el partido Frente Amplio en octubre del 2004. Desde entonces, esta organización ha venido aglutinando a buena parte de la izquierda costarricense y ha logrado mantener ininterrumpidamente su representación en la Asamblea Legislativa.

           

1. EL ASCENSO DEL PAC AL PODER DEL ESTADO, ¿CONTINUIDAD O CAMBIO?

Al respecto, lo primero que queremos subrayar es lo siguiente. Por primera vez, en siete décadas de historia costarricense, las elecciones presidenciales las ganó un partido político nuevo, dejando por fuera de la casa presidencial al PLN y al PUSC. Por otra parte, participó un total de trece partidos, con sus respectivos candidatos a la presidencia y a la Asamblea Legislativa, evidencia clara de los profundos cambios que estaban ocurriendo en el panorama político costarricense. Atrás quedaban los tiempos del bipartidismo predominante durante buena parte del siglo XX.

Es importante señalar otro fenómeno interesante del proceso electoral de 2014. Desde hacía alrededor de setenta y cinco años, cuando el PVP había sido parte fundamental en la conquista de una serie de reformas sociales, la izquierda costarricense nunca más había gozado de un apoyo significativo, ni siquiera cuando al PVP se le devolvió su derecho de participar en los procesos electorales. Sin embargo, en las elecciones del 2014, el izquierdista Frente Amplio se mantuvo en los primeros lugares de las encuestas electorales. Aquel fenómeno, jamás vivido antes, desató una propaganda anticomunista de tales proporciones que parecíamos estar de nuevo en plena guerra fría. Se dio una intensa batalla ideológica que develó con claridad el abandono, por parte de los partidos PLN y PUSC, de sus raíces ideológicas fundamentadas en la socialdemocracia y en la doctrina social de la Iglesia, respectivamente. En su lugar, abundaron sus discursos en defensa de la globalización de la economía y sobre la necesidad de invitar a las transnacionales a instalarse en suelo costarricense, en fin, atrás habían quedado sus propuestas para robustecer el bienestar general de la población con más acciones gestadas desde el Estado. En adelante, la empresa privada volvería a ser la única columna desde la cual se impulsaría el crecimiento de la economía, incluso en aquellos campos relacionados con los servicios de la salud y la educación, ámbitos reservados históricamente como tareas primordiales de la función del Estado Social de Derecho.

            Luis Guillermo Solís, ahora candidato del PAC, había sido un militante liberacionista de mucha trayectoria, incluso había sido su secretario general. No obstante, hacía algún tiempo se había retirado de ese partido, quizá, por diferencias ideológicas y por los obstáculos que parecía encontrar para aspirar a una candidatura presidencial.

La suerte de aquellas elecciones se definió en una segunda ronda. En la primera el PAC recibió el 30,6% de los votos frente al 29,7% del candidato liberacionista, Johnny Araya.

            La segunda ronda fue una contienda que ofreció grandes sorpresas, incluso, Solís llegó solo a las urnas el día de las votaciones, pues el candidato liberacionista se había retirado unos días antes de la campaña. Los resultados electorales fueron contundentes: Luis Guillermo Solís recibió el 78% de los votos frente al 22% que obtuvo Johnny Araya (TSE, Cómputo de votos y Declaratoria de Elección de 2014: p.14)

El nuevo presidente había sido formado desde el paradigma de los ideales socialdemócratas del PLN y algo quedaba de aquello. Seguramente, ese factor favoreció para que su gobierno, a diferencia de la gran mayoría de las anteriores magistraturas, tuviera una posición más abierta y tolerante frente a las organizaciones sindicales. Ello se tradujo, como era de esperarse, en una disminución de la conflictividad laboral en el país (PEN, 2018).

 En general, durante su período presidencial se percibió una mejora en las relaciones del Poder Ejecutivo con las organizaciones de la sociedad civil, lo cual mostró la buena capacidad de diálogo del nuevo presidente y, en general, una mayor confianza en la institucionalidad del Estado. Quizá, la prueba más clara de lo anterior fue la manera como el presidente procedió frente al proyecto sindical denominado Reforma Procesal Laboral.

Al respecto, habría que aclarar lo siguiente. La polarización social causada en los años noventa por las reformas aperturistas que incrementaron la pobreza, el desempleo y la precarización de los sistemas de pensiones, había dejado un clima de desencanto y discordia en el ambiente nacional. A ello se sumaba uno de los grandes vacíos que habían dejado las diversas administraciones del Estado desde 1948, a saber, la notable permisividad con la que la clase política había actuado, casi siempre, frente a la persecución patronal de los trabajadores que intentaban organizarse sindicalmente en la empresa privada.

En ese contexto, en 1998 el presidente entrante Miguel Ángel Rodríguez, decidió iniciar un proceso de concertación social con diversos sectores sociales para intentar recuperar la armonía nacional.

Varios sectores fueron convocados por la casa presidencial para negociar con antelación los diferentes aspectos que pudieran producir conflictos de índole económica, social o política. Uno de los llamados a dicha concertación fue el movimiento sindical, el cual aprovechó aquellas circunstancias para promover una serie de cambios en la legislación laboral. El Frente Amplio también se sumó a aquel importante esfuerzo, ahora más fortalecido por haber elegido nueve de los cincuenta y siete diputados que integran la Asamblea Legislativa.

Tiempo después, aquellos esfuerzos de negociación dieron sus frutos. De sus deliberaciones salió un importante proyecto de reformas al Código de Trabajo denominado Reforma Procesal Laboral. Dicha propuesta pretendía acortar los tiempos en la tramitación de los juicios laborales llevados a los tribunales de trabajo, en vista de que se prolongaban muchísimo en el tiempo en perjuicio de los trabajadores afectados. También se incluyeron otras reformas para eliminar obstáculos a la declaratoria de legalidad de las huelgas, nuevas normas para facilitar la resolución de conflictos colectivos y el establecimiento del derecho a la negociación colectiva en el sector público (ANEP, 25/1/2016).

Pasaron dos administraciones presidenciales, una del PUSC y otra del PLN, sin que ese proyecto se conociera en los estrados legislativos. Finalmente, durante la administración liberacionista de Laura Chinchilla dicho proyecto fue discutido y aprobado en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la presidenta lo vetó y quedó archivado en la Casa Presidencial (ANEP, 25/1/2016).

Al asumir Solís Rivera la presidencia, de común acuerdo con los representantes del movimiento sindical, el presidente eliminó el veto de la expresidenta Chinchilla y, finalmente, en el 2015 comenzaron a aplicarse dichas reformas.  Aquel fue un paso importante del nuevo gobierno del PAC que despertó ciertas esperanzas en la clase trabajadora y que creó un ambiente de mayor paz social.

No obstante, los problemas más apremiantes de nuestro país siguieron su curso, por ejemplo, los problemas deficitarios en las finanzas públicas no se resolvieron, se dio un aumento del desempleo y se acentuó la inseguridad ciudadana (PEN 2018: p183). Por otra parte, la búsqueda de soluciones a esos y otros problemas se complicó, en vista de que la fracción legislativa del partido oficial no gozaba de la mayoría de los votos necesarios para apoyar a su presidente en la aprobación de las leyes que su despacho proponía.  Al final del período de Solís, de nuevo quedaban sin solución los problemas más profundos de la sociedad costarricense.

 

1. LA ADMINISTRACIÓN DE CARLOS ALVARADO QUESADA (2018-2022). AGUDIZACIÓN DE LA CRISIS DEMOCRÁTICA EN COSTA RICA

 

Las elecciones presidenciales del 2018, de nuevo dejaron ver la crisis de los partidos políticos tradicionales. En esa ocasión, el PAC resultó ser otra vez el ganador, con Carlos Alvarado Quesada como presidente de la República. Lamentablemente, ello no garantizó la relativa estabilidad que se venía construyendo entre la anterior administración y los sectores laborales, sobre todo con los empleados públicos.

  Habría que subrayar también que en aquel proceso electoral se dio un fenómeno nuevo. Los partidos religiosos, que habían dejado de existir en nuestro país desde el siglo XIX, comenzaron a resurgir a inicios del presente siglo.  El Partido Restauración Nacional (PRN), una organización fundamentalista inscrita dentro de la corriente neo pentecostal, había comenzado a crecer de manera exponencial, junto a otros partidos menores de su mismo tipo, los cuales difundían la llamada Teología de la Prosperidad entre las masas empobrecidas por efectos de la globalización. Su candidato fue el exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz, quien estuvo cerca de ocupar la silla presidencial.

Aquella campaña se polarizó como pocas veces, en vista de que los discursos confesionales pasaron a jugar un lugar preponderante. Como consecuencia, el discurso conservador y moralista logró monopolizar el ambiente electoral. Temas como el aborto, el matrimonio gay y la conversión de Costa Rica en un estado laico, por ejemplo, pasaron a ser el eje de muchas discusiones, dejando de lado los problemas más profundos, heredados de las administraciones anteriores del PLN y del PUSC.  A ello se sumaba el hecho de que, ideológicamente, el candidato Carlos Alvarado estaba lejos de compartir la herencia socialdemócrata de su antecesor.

Ese ambiente tan incierto se agudizó con los resultados de la primera ronda electoral: el PRN quedó en primer lugar con un 29,9%, el PAC con un 21,6%, el PLN con un 18,6% y el PUSC con un 15,9. La maltrecha situación de estos dos últimos partidos se profundizó hasta el punto de quedar ambos fuera de la siguiente ronda (TSE.  Acta No. 12-2018).

En la segunda ronda electoral, celebrada en el siguiente mes de abril, se le pudo dar vuelta a los primeros resultados. El PAC obtuvo el 60.6% y el PRN el 39,3% (TSE.  Acta No. 36-2018). Todo parecía indicar que, aunque en Costa Rica los grupos evangélicos se habían extendido ampliamente, al final había prevalecido el temor de las mayorías ante el riesgo de que en Costa Rica, donde la fe católica es la oficial, de pronto ocurriera un cambio tan radical como en otros países latinoamericanos. 

            En aquel ambiente tan confuso, las grandes ganadoras fueron las cámaras empresariales y las zonas francas. En la acera de enfrente, los productores para el consumo interno, los agricultores, los pequeños emprendedores, los trabajadores por cuenta propia y los distintos sectores de la clase trabajadora, especialmente, los empleados públicos, se vieron seriamente afectados por los nuevos cambios en la conducción del Estado.

 

1. LA REFORMA FISCAL DEL 2018. UNA REGRESIÓN EN LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS DE COSTA RICA

Desde el inicio del gobierno de Carlos Alvarado, el proyecto denominado Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, presentado ante la Asamblea Legislativa desde la administración anterior, se convirtió en el leitmotiv de todo su período.

Como era de suponer, uno de los sectores más interesados en sacar adelante aquella ley era el empresarial.  Eso resultaba claro, en vista de que la agenda del presidente había sido elaborada junto con algunos sectores empresariales, los cuales le habían colaborado generosamente en su campaña.

Dicha sospecha se confirmó muy pronto, cuando el presidente Alvarado integró en su gabinete al señor André Garnier Kruse, un rico empresario nacional, quien fue nombrado Ministro de Coordinación con el Sector Privado.  Garnier también se desempeñaba como presidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Se trataba, pues, de un nuevo ministerio creado para atender los compromisos de campaña con el sector empresarial.

Entre esos compromisos, estaba el proyecto de ley de reforma fiscal que, según palabras del presidente, dadas las congojas fiscales de nuestro país, no le dejaba otra alternativa al pueblo costarricense. En lo fundamental, dicha reforma proponía la sustitución del impuesto a las ventas – que era de un 13% - por otro denominado impuesto al valor agregado (IVA) que aumentaba ese rubro a un 15%. Ese impuesto se haría extensivo a la canasta básica, lo cual afectaba seriamente a la gran mayoría de los costarricenses. Además, proponía una reforma al impuesto sobre la renta con énfasis en la grabación a las personas físicas y una amnistía tributaria en favor de los grandes patrimonios (Hernández y Solano, 2021).

Una de las medidas más impopulares de esa propuesta era el establecimiento de la llamada regla fiscal, la cual pondría serios límites a las inversiones del Estado, con las consiguientes repercusiones en la   baja calidad de los servicios públicos y, especialmente, en las condiciones laborales de los empleados del Estado.

Ese proyecto contó en la Asamblea Legislativa con el apoyo, además de la fracción oficialista del PAC, con los votos de los legisladores del PLN y del PUSC. Las serias fricciones entre esos partidos y el PAC pronto quedaron atrás. El amargo sabor de la derrota vino a profundizar el escepticismo y el resentimiento ciudadano.

La discusión de aquella ley, conocida popularmente como la ley del Combo Fiscal, provocó una de las huelgas más largas en la historia reciente de nuestro país. Se dio entre los meses de setiembre y diciembre del 2018, con una duración de noventa y tres días. En ella participaron los sindicatos públicos de la educación, la salud, la electricidad y las telecomunicaciones, así como los del Poder Judicial. Fue una huelga muy larga e intensa durante la cual predominaron las multitudinarias marchas, las grandes concentraciones y algunos bloqueos en las carreteras de la mayor parte del país. Se convirtió en un movimiento nacional, cuyos participantes, especialmente los empleados públicos, fueron objeto de una gran persecución por parte del Poder Ejecutivo. Finalmente, aquella ley fue aprobada (Grau, 2021).

Poco después, en respuesta a aquella heroica huelga, la administración de Alvarado comenzó a promover una nueva ley que denominó Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, popularmente conocida como la Ley Antihuelgas. Esa ley proponía una reforma al Código de Trabajo para limitar el derecho a la huelga del personal del Estado. Entre otras cosas, restringía la lista de las causales que permitían declarar una huelga, al poner como requisito previo a la declaratoria del paro, el planteamiento formal de un conflicto colectivo. Asimismo, en caso de las huelgas contra políticas públicas, éstas no podían durar más de 48 horas y se debía demostrar que tales políticas, efectivamente, afectaban las condiciones de trabajo de los empleados involucrados. Además, los paros de esta naturaleza solo podían decretarse una única vez (Grau,2021).

Pero más grave aún, esa ley decretó la ilegalidad de las huelgas en todos los llamados servicios esenciales. Con esta definición, dicha ley se refería a servicios como los de la salud, la educación, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, y, en general, a aquellos que velaban por el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado. En otros términos, todos aquellos sindicatos del sector público que habían participado en la anterior huelga contra la reforma fiscal quedaron imposibilitados, legalmente, de participar en futuros movimientos de esa misma naturaleza (Grau, 2021). Como puede notarse, el retroceso en el disfrute de los derechos laborales fue sustancial.

            En el año 2022 se aprobó una ley más en contra de los empleados del Estado, denominada Ley Marco de Empleo Público, con el objetivo de crear lo que se denominó el salario global. Con esta ley se eliminó, para los nuevos empleados, todas las conquistas obtenidas previamente, a través de la negociación de convenciones colectivas en las diferentes dependencias del Estado. Así mismo, a los salarios de los viejos empleados actualmente les impide crecer porque se eliminaron los aumentos periódicos y otros complementos. Esta medida tan regresiva fue el resultado de las negociaciones del gobierno de Alvarado con el FMI para obtener un nuevo préstamo.

Esas dos últimas leyes no hicieron sino enterrar de nuevo la Reforma Procesal Laboral, rescatada durante el gobierno de Luis Guillermo Solís.

Todo lo anterior ocurrió a pesar de que la CIDH, refiriéndose al estado de la libertad sindical en la región, emitió en octubre de 2021 una resolución sobre libertades sindicales, reconociendo el derecho a negociación colectiva en la función pública y la obligación de los estados de promoverla (Hernández M, 2024).

Mientras tanto, el país ha seguido sufriendo los problemas socioeconómicos derivados de las políticas de ajuste y de los efectos de la pandemia del COVID. Últimamente, la situación nacional se ha agravado  debido a la amenazante inseguridad ciudadana, fomentada por la expansión del narcotráfico local e internacional.

El precio pagado por el PAC, a propósito de la regresividad institucional que propició la administración de Alvarado, así como la desatención general de las necesidades más sentidas de las grandes mayorías, no pudo ser mayor. En las elecciones de febrero del 2022 solamente obtuvo el 0,66% de los votos emitidos, frente al 27,36% del PLN y el 16,6% Partido Progreso Social Democrático, PPSD, el nuevo partido que, finalmente, ganó las elecciones. En la segunda ronda, sorprendentemente, el PPSD derrotó al PLN, eligiendo a Rodrigo Chaves Robles, actual presidente en ejercicio (TSE, 2022). 

 

1. COSTA RICA, 2022. EL FIN DE UNA ÉPOCA

 

La convocatoria electoral de febrero de 2022 fue recibida en medio de una gran apatía ciudadana. Las frustraciones heredadas por la administración de Carlos Alvarado, con su estilo autoritario y excluyente y, más aún, habiendo dejado sin resolver problemas esenciales como el aumento de las desigualdades sociales y la creciente inseguridad ciudadana, terminó debilitando aún más al sistema democrático costarricense. Además, la pandemia del COVID había  terminado de deprimir el ambiente nacional.

Los costarricenses llegaron a las urnas en febrero de 2022 con una larga lista de candidatos presidenciales -veinticinco en total- veintiún varones y 4 mujeres (PEN, 2022). Sin embargo, los resultados no fueron suficientes para elegir al siguiente mandatario, dado el alto abstencionismo y la dispersión de la voluntad de los votantes que asistieron a las urnas. Los partidos finalistas fueron el PLN con un 27,36% y el PPSD con un 16,67% (TSE, 2022).   

En las semanas siguientes el ambiente electoral se puso más tenso, dado el estilo confrontativo e irreverente   del candidato Chaves Robles. Finalmente, éste triunfó con un 52,84% frente a Figueres Olsen, que recibió el 47,16% de los sufragios (PEN, 2022).

Tales resultados no dejaron de sorprender a la ciudadanía pues Chaves Robles era una persona desconocida en Costa Rica. Hijo de un viejo militante del PLN, muy cercano a don José Figueres Ferrer en tiempos de la guerra civil, se había trasladado a estudiar Economía a Estados Unidos desde los años ochenta y no volvió a Costa Rica sino hasta el momento en que dejó su puesto en el Banco Mundial en el año 2019.

Su contrincante, Figueres Olsen, era todo lo contrario. Como hijo del gran líder de la modernización del país en los años cincuenta, formaba parte de la élite liberacionista más selecta. Por eso no le había costado mucho obtener el pase del PLN para llegar a la presidencia en 1994. Sin embargo, sus supuestos actos de corrupción y su larga estancia fuera del país- justamente en España- lo habían estigmatizado mucho. Durante los dieciocho años transcurridos desde su primera candidatura, se habían producido profundos cambios en la vida nacional y esto no parecían entenderlo ni Figueres Olsen, ni la cúpula de su partido.

Otro aspecto interesante de la vida política nacional ha sido el surgimiento de algunas organizaciones con apariencia de partidos políticos pero que carecen de bases sociales reales. Generalmente, son creadas por personas conocedoras de la tramitología que debe cumplirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones para la inscripción de un partido político. Una vez inscritos, sus dueños negocian su membresía con ciertos grupos interesados en participar en los procesos electorales que se avecinan. Popularmente se les conoce como partidos-taxi.

Ese fue el caso en la elección del actual presidente Rodrigo Chaves Robles. Había arribado a Costa Rica en 2019 para asumir el puesto de ministro de Hacienda en la administración de Alvarado. Pronto entró en conflictos con el presidente y fue despedido de su cargo, pero de inmediato comenzó a valorar su posible candidatura presidencial. Sin una base social de apoyo, sin un verdadero partido que lo respaldara, pero teniendo a su lado ciertos rostros de trayectoria populista -el de la periodista Pilar Cisneros, por ejemplo- rápidamente logró integrar un grupo de empresarios dispuestos a financiarlo. Sin embargo, quienes le dieron su voto hicieron caso omiso de aquellas excepcionales circunstancias, estaban hartos del bipartidismo. 

El tristemente famoso Partido Progreso Social Democrático (PPSD) fue el vehículo que transportó a Rodrigo Chaves hasta la casa presidencial. Sin embargo, poco después, la “gerente” del PPSD, la diputada Luz Mary Loaiza Alpízar, entró en conflictos con Chaves, Cisneros y demás diputados de su partido. Tal ruptura ha hecho que en la actualidad el presidente no tenga una organización partidaria a la cual deba rendir cuentas de la representatividad que supuestamente ejerce.

La comunicación del presidente con las otras fracciones legislativas también es muy difícil. Ello le ha impuesto un ritmo muy lento a la tramitación de los proyectos del poder ejecutivo, más aún si tenemos en cuenta que Chaves hoy tiene una bancada minoritaria y que ésta ahora en realidad no representa a ningún partido.

En tales condiciones, se observa una marcada desmoralización en algunos sectores sociales, una clara disminución de la protesta social y una apatía frente a la búsqueda de nuevas soluciones a los problemas más apremiantes del país.

A los conflictos entre el poder ejecutivo y el legislativo, se suman las reiteradas fricciones del presidente con el Poder Judicial, tratando de responsabilizarlo, por ejemplo, de la creciente criminalidad que afecta al país.  

En ese ambiente tan complejo, el abordaje de los retos esenciales del país se hace harto difícil. Los crecientes problemas de desigualdad social, el deterioro de los servicios de salud y educación, la expansión de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, por ejemplo, se ha convertido en una amenaza que atenta seriamente contra la estabilidad democrática del país.

En ese contexto, merece atención particular el grave problema del narcotráfico. En ese ambiente tan enrarecido, la expansión del crimen organizado es alarmante. Aunque el trasiego de drogas no es un fenómeno nuevo, pues comenzó a incrementarse desde los años ochenta, Costa Rica había sido un país de gran estabilidad social y política. Lamentablemente, en los últimos tiempos ha comenzado a figurar como un país peligroso para las inversiones extranjeras y las visitas del turismo.

Varios factores inciden en este fenómeno. En primer lugar, nuestra ubicación geográfica favorece el transporte de la cocaína colombiana y de la marihuana jamaiquina hacia Europa y Estados Unidos. Además, Costa Rica ya no es solo una ruta de paso de la droga, también se ha convertido en un sitio de almacenamiento temporal.

El rostro más tenebroso de todo esto se palpa a través de las crecientes cifras de ajusticiamientos y sicariato. El año pasado, por ejemplo, se contabilizaron 340 organizaciones criminales y 200 sicarios identificados. Según datos de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre los años 2012 y 2022, en Costa Rica se incrementó la tasa de homicidios en un 66% (Diario El Observador, 15/11/23).  Por otra parte, el año 2023 ha sido el más sangriento de los últimos tiempos, con 907 homicidios, en una población de alrededor de cinco millones de habitantes (El País, 26/2/24).

 Otra consecuencia negativa de esta expansión criminal es la distorsión que está ocasionando en la economía nacional. El ingreso de millones de dólares a las arcas bancarias podría estar provocando la revalorización de la moneda nacional, con los consiguientes efectos negativos en algunos sectores productivos dedicados a la exportación.

Como vemos, no son buenos tiempos para Costa Rica. El riesgo de convertirse en un narco estado es una amenaza latente y con una fragmentación tan acentuada entre los tres poderes de la República, el panorama resulta aún más complejo. Se suman a ello las pésimas relaciones del presidente Chaves Robles con los principales medios de comunicación, lo cual ha provocado serias amenazas a la libertad de prensa, de lo cual ya ha tomado nota la organización de Reporteros sin Fronteras.

 Algo parecido ocurre con respecto a las universidades públicas, las cuales han venido sufriendo violaciones de diversa índole en el ámbito de su autonomía institucional.

En síntesis, nuestro modelo de sociedad está siendo sometido a uno de los mayores retos de su historia. La creciente desigualdad social no está recibiendo la atención que demanda con urgencia, las debilidades del gobierno de Chaves se han ido profundizando cada día y, lo más grave de todo, la expansión del narcotráfico y del crimen organizado nos han comenzado a asfixiar.