La financiación de los partidos constituye una de las más importantes danger zones (Andersson, 2003) o zonas de riesgo de corrupción en las democracias occidentales. La existencia de un vínculo entre los recursos económicos de los que dispone un partido y su capacidad para extender su estructura y hacerse visible ante los ojos del electorado, hace que la financiación se convierta en un recurso muy valioso en la competencia política. De ahí que sea un ámbito muy propicio para el desarrollo de intercambios corruptos.

Desde la Teoría Institucionalista de la Elección Racional se resalta la importancia de diseñar mecanismos institucionales de control que promuevan la transparencia del sistema de financiación, reduciendo la posibilidad de corrupción en dicho ámbito. La evidencia empírica demuestra, no obstante, que la aprobación de tales mecanismos no siempre es considerada una prioridad en la agenda política. Teniendo en cuenta esto, este trabajo analiza la trastienda de las medidas de transparencia atendiendo a los incentivos que tienen los partidos a la hora de promover o, al menos, permitir el control de su acción en un  ámbito tan vital para ellos como es el de su propia financiación. Por tanto, el proceso de aprobación y reforma de las leyes de financiación como mecanismos que incrementan la transparencia y el control de la corrupción constituye la variable dependiente de este trabajo. Como variables explicativas, se analizan tres cuestiones: (1) el interés de los partidos por  mantener una buena reputación ante los electores; (2) el interés de los partidos por obtener ventajas económicas sobre los demás para posicionarse mejor en la competencia política; y (3) el interés de los partidos por no restringir su margen de discrecionalidad frente a los ciudadanos. Todo ello es analizado utilizando datos empíricos procedentes del caso español.