~~Las relaciones entre Constitución y democracia o entre regla de mayoría y derechos es motivo de debate desde hace bastante tiempo, pero hay escenarios recientes en los que ha recobrado su vigor. Uno de ellos lo constituye la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su faceta consultiva, pero especialmente en la jurisdiccional. Desde sus primeros fallos, este Tribunal ha condenado las graves violaciones de derechos humanos como la tortura y las desapariciones cometidas por las dictaduras latinoamericanas de finales del siglo XX. En este contexto, la Corte IDH ha condenado la aprobación de leyes contrarias a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (vid. Caso Barrios Altos Vs. Perú de 14 de marzo de 2001) y ha adoptado un papel de defensa, promoción y protección de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta labor le ha llevado a desarrollar progresivamente una jurisprudencia que, con base en algunos casos que han pasado a considerarse de referencia, algunos consideran de paradigmática (González Morales, 2015) e incluso otros la enarbolan como central en la construcción de un Ius Constitutionale Commune en América Latina (Von Bogdandy, Morales Antoniazzi y Ferrer Mac-Gregor, 2017).

Sin embargo, los casos relacionados con leyes de amnistía y su control de convencionalidad en Estados que han asumido el modelo democrático como forma de gobierno ha generado algunas críticas centradas en señalar que la Corte IDH, en el ejercicio de su función contenciosa, no estaría respetando las decisiones tomadas por las mayorías democráticas o los poderes democráticos de los Estados latinoamericanos, aun cuando en ellas sobreviven las gravísimas violaciones del pasado (vid. Caso Gelman Vs. Uruguay de 24 de febrero de 2011) o que pretende arrogarse el papel de un Tribunal activista y jerárquicamente superior a los ordenamientos nacionales. La mencionada sentencia del caso Gelman, además de aludir a las reparaciones concretas al caso, falla una serie de cláusulas extensivas al conjunto de los delitos de lesa humanidad y exige al Estado garantizar que la Ley de Caducidad (“núcleo duro de la impunidad”, Buriano 2011: 103), -ratificada con un 56% en un referéndum realizado en 1989- no dificulte las investigaciones y que los jueces y tribunales no puedan alegar prescripción, cosa juzgada, irretroactividad, non bis in ídem u otras causales que pretendan evitar aplicar la justicia.

Esta situación pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre si deben considerarse los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos como válidos en todo contexto; si se deben respetar los pronunciamientos de los organismos judiciales, internos e interamericanos, que limitan la soberanía de las mayorías con el objeto de invalidar normas contrarias a los derechos humanos y no a consagrarlas. En suma, el relevante caso Gelman puede ser un eje a partir del cual analizar la relación entre los derechos humanos y el principio democrático.

Bibliografía citada:

Bogdandy, Armin Von, Morales Antoniazzi, Mariela y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (2017), Ius Constitutionale Commune en América Latina. Textos básicos para su comprensión, México: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law e Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro.

Buriano Castro, Ana (2011), «Derechos, trauma social y restitución. Sincronía y unicidad: el caso de Uruguay», en Andamios. Revista de investigación social, enero-abril, 9(18): 89-116

González Morales, Felipe (2015) «Pasado, presente y futuro del Sistema Interamericano De Derechos Humanos», en Pablo Santolaya e Isabel Wences (eds.), La América de los Derechos, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

NOTA: Esta propuesta de ponencia se enmarca en el proyecto de investigación: «Jueces en Democracia. La filosofía política de la Corte Interamericana de Derechos Humanos». Financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Referencia: DER2016-79805-P (AEI/FEDER, UE).