Se presupone que la Administración tiene la obligación de servir con objetividad los intereses generales.  Diversas reformas legales en los últimos años, entre ellas, la Ley de Transparencia, que ya ha cumplido diez años, han obligado a las administraciones a someterse a parámetros de transparencia, mejora de las prácticas de buen gobierno y una mayor rendición de cuentas.  

La transparencia es un instrumento fundamental en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, tácticas consolidadas durante años, y prácticas nuevas generadas durante la crisis sanitaria del COVID -19, parecen predominar en contra de una administración veraz, diligente y abierta hacia el ciudadano.

Con esta propuesta de comunicación se pretende aportar ciertas experiencias empíricas de algunas administraciones españolas y europeas que no acaban de ofrecer buenas prácticas administrativas a sus ciudadanos.