Desde que entró en vigor la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno y se instituyó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, prácticamente todas las comunidades autónomas comenzaron a aprobar una batería de leyes y de reglamentos que han ido adaptado la normativa estatal y desarrollando los aspectos básicos de la misma.

En este sentido, las leyes autonómicas en materia de transparencia mantienen un alto grado de concordancia con la norma estatal en lo referente al derecho de acceso a la información, pero difieren notablemente en la regulación y creación de los órganos de garantía que deben asegurar el cumplimiento de esas mismas normas.

A pesar de ello, todas las leyes autonómicas de transparencia coinciden en que una de las funciones de los órganos garantes de la misma es controlar y evaluar si los sujetos obligados cumplen con las disposiciones en materia de publicidad activa. Por ello, al hablar de controlar, de evaluar la transparencia, de medir sus efectos y de examinar su alcance, los diversos Consejos, Comisionados y Comisiones de transparencia de las comunidades autónomas desempeñan un papel fundamental.

Por tanto, se busca conocer de qué forma los órganos autonómicos de garantía de la transparencia llevan a cabo el control y evaluación de la publicidad activa, realizando un mapeo de las principales iniciativas puestas en marcha e identificando, no solo los riesgos a los que se enfrentan, sino también los retos futuros en la materia.