La objetividad es uno de los principios que nuestra Constitución establece como fundamento de la actuación administrativa. Para hacerlo realidad es necesario que la actuación de los servidores públicos se desarrolle de una manera imparcial, como igualmente exige la Carta Magna. Al servicio de esta neutralidad en la actuación general administrativa y en la actuación particular del servidor público se han dispuesto diversos instrumentos de protección. Entre ellos se encuentran las reglas de abstención y recusación en la tramitación de los procedimientos administrativos. Su cumplimiento se ha exigido tradicionalmente a funcionarios y demás autoridades y las normas más recientes insisten en su importancia al incluirlas como principio de buen gobierno de nuestros altos cargos. La ponencia propuesta pretende analizar la aplicación práctica que de las reglas de abstención y recusación se ha hecho y el rigor o la flexibilidad con que se han venido interpretando.