Uno de los principios establecidos por la Directiva Marco del Agua (DMA) es la gestión por cuencas o demarcaciones hidrográficas, sobre la base de la coordinación entre administraciones de diferentes escalas territoriales. Ello implica la instauración de autoridades u organismos de cuenca que, en los casos de demarcaciones inter-regionales, han de priorizar una visión de cuenca que armonice en mayor o menor medida los intereses de los territorios que la conforman. Dado que España e Italia tienen modelos territoriales similares de descentralización parcial (sin un sistema definido de shared-government que les convierta en casos federales), vamos a ver aquí hasta qué punto los organismos de cuenca juegan un papel similar en ambos casos, esto es, como institución con plena capacidad política para implantar planes de cuenca orientados a la gestión del recurso-agua y la protección de los ecosistemas fluviales. En particular nos interesa las relaciones entre la administración central y las regiones (o comunidades autónomas en el caso español), para lo cual escogeremos dos casos por país: ríos Po y Tíber en Italia y Ebro y Tajo en España.