El desarrollo de una ciudadanía digital en las sociedades actuales sigue todavía un proceso en el que se dan obstáculos para su implantación. La brecha digital se configura todavía como una de las principales trabas para la extensión de lo que se puede considerar un nuevo derecho social universal, especialmente en los países donde se han implantado alguna de las formas que caracterizan los distintos regímenes de bienestar. Los estudios sobre brecha digital han incidido especialmente en la distancia entre grupos de población según su acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, pero menos en las dificultades de uso de éstas nuevas tecnologías. El uso de las TIC, en especial de Internet, tiene un enorme potencial en la conformación de una nueva ciudadanía digital ya que posibilita nuevas dinámicas bidireccionales entre el gobierno y la sociedad civil, que afectan, entre otros aspectos de la gobernanza electrónica, a la provisión y gestión de servicios públicos. Este potencial carácter abierto del gobierno electrónico está todavía, según nuestro planteamiento, en una fase transicional si se analiza el desarrollo del gobierno electrónico y el uso que realiza la población de los recursos de la administración electrónica como muestra el caso español.