En la última década Barcelona y Nápoles se han convertido en ciudades de referencia en lo que respecta a la experimentación y puesta en marcha de mecanismos de regulación del uso y la gestión colectiva de infraestructuras y servicios de titularidad, predominantemente pública, dirigidos a impulsar instituciones públicas del común (Laval y Dardot, 2015). En ambas ciudades, estas prácticas de comunalización han surgido como reacciones sociales orientadas a contrarrestar distintas formas de mercantilización y burocratización que restringen los mecanismos de provisión de bienestar y el uso y la producción social del espacio urbano, afectando el ejercicio de derechos sociales y del derecho a la ciudad. Tanto en Nápoles como en Barcelona estas prácticas "desde abajo", inicialmente articuladas a la movilización social y las estrategias de subsistencia desplegadas tras la gran recesión de 2008, fueron dando lugar a la emergencia de formas más estables de coordinación entre municipios e iniciativas autogestionadas que aspiraban a democratizar las relaciones de gobernanza urbana a través de acciones de apropiación social de servicios y bienes públicos. En el caso de Nápoles, este proceso condujo en 2015 al reconocimiento legal de los denominados bienes comunes emergentes con el impulso de la regulación de "Uso Cívico y Colectivo Urbano". En el caso de Barcelona, el mecanismo fue el programa municipal “Patrimonio Ciudadano de Uso i Gestión Comunitaria” puesto en marcha en 2017. Promovidos por movimientos sociales, estos instrumentos de gobernanza involucran un replanteamiento del acceso a la propiedad pública en relación con: (1) el derecho de uso y gestión de la ciudadanía sobre infraestructuras y servicios de titularidad estatal, (2) el reconocimiento de la experiencia y contribución a la producción de la ciudad de comunidades autoorganizadas en torno a la provisión de servicios y gestión de bienes públicos y, (3) la ampliación del derecho de uso y gestión a través de la promoción con apoyo estatal de cesiones de uso duraderas a entidades y proyectos sociales. En relación con esto, en este trabajo nos interrogamos por la capacidad de estos mecanismos de regulación del acceso a la propiedad pública, que se concretan en la intersección de la acción de los movimientos y organizaciones sociales y de la acción de la administración local, para introducir una nueva comprensión y nuevas prácticas desde una perspectiva del conjunto de derechos plausibles de ejercicio sobre la propiedad pública y privada (Schlaguer y Ostrom, 1992) en la ciudad, así como para transformar las relaciones de gobernanza urbana a favor de la participación de la ciudadanía en dos contextos diferenciados del sur de Europa. Examinamos esta cuestión a la luz de los factores sociohistóricos y de carácter multinivel que intervienen en la configuración de estos escenarios de gobernanza. Desde el punto de vista metodológico, desarrollamos un estudio de caso comparativo que recurre a fuentes primarias (entrevistas semiestructuradas) y secundarias (análisis documental) y se apoya en una perspectiva multidisciplinar que combina contribuciones de la sociología y la filosofía política.