El ejercicio de la actividad de servicio público ocupa una parte muy significativa del quehacer de los gobiernos y las administraciones locales españolas, cuyo papel como agentes de bienestar ha contribuido notablemente a la consecución de las finalidades del Estado social, caracterización que, junto con las de democrático y de Derecho, definen la forma en que se halla constituida España de acuerdo con la Constitución de 1978.

Sin embargo, esa actividad se ha visto severamente afectada en los últimos años. El primer embate llegó a finales de 2013, con la promulgación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), aprobada bajo los efectos de la crisis económica y para adaptar el subsistema local a las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Entre las consecuencias de dicha ley destacan el desapoderamiento  competencial y el condicionamiento en la prestación de servicios públicos de los municipios, así como el debilitamiento de su posición institucional y del resto de gobiernos locales, y ello pese haber acreditado capacidad y solvencia para reconducir su situación económico-financiera.

La segunda afectación llega por una vía indirecta y de la mano del Proyecto de Ley de contratos del sector público (PLCSP), aprobado por el Gobierno a finales de 2016 y objeto de tramitación parlamentaria ya en 2017, y cuya necesidad deriva de la obligada transposición de las Directivas comunitarias 2014/23 y 24/UE. Entre otras previsiones, el PLCSP dispone la desaparición del contrato de gestión de servicios públicos (CGSP), articulada a partir de la sujeción a las figuras de la concesión de la explotación de servicios en que se transfiera el riesgo operacional al contratista, y la subsunción en el contrato de servicios de aquellos en que no se produzca tal transferencia. Se trata de una opción legalmente posible, pero no obligada y, desde luego, no indiferente respecto de la realidad del Estado del Bienestar.  Al margen de los tecnicismos y sus consecuencias jurídicas, lo cierto es que ese planteamiento, de un lado, sublima el aspecto económico-financiero de la cuestión y, de otro, minusvalora la importancia de los servicios públicos al prescindir de su centralidad en la actividad de los gobiernos y las administraciones públicas y de la necesidad de garantizar su prestación y los derechos de los usuarios de los mismos. Con ser relevante el debate sobre la opción entre la gestión directa o la indirecta, su trascendencia es menor, a mi juicio, que la de la idea misma de servicio público. Quiere decirse con esto, que lo realmente esencial para el Estado social es el mantenimiento del concepto de servicio público, de tal categoría si lo formulamos en términos jurídicos, con particular incidencia en el ámbito analizado, para asegurar la preservación de los sistemas locales de bienestar, en una realidad municipal fragmentada y con limitadas capacidades de gestión. Porque no es infrecuente en estos días oír expresiones como que el servicio público ha muerto u otras formulaciones menos contundentes pero que apuntan en el mismo sentido. Pues bien, resulta que ese cuestionamiento puede venir tanto directamente de la negación de la categoría general –el servicio público-, como de la configuración concreta de su prestación mediante el concurso del privado, que en España se ha articulado, desde hace más de medio siglo, a través del contrato de gestión de servicios públicos y sus diferentes modalidades, con unos resultados transformadores de nuestros pueblos y ciudades.

La ponencia aborda esa manifestaciones de la desvalorización de los servicios públicos locales, y analiza el estado de la cuestión de la LRSAL en relación con las competencias municipales y la posición institucional de los gobiernos locales, así como el planteamiento del Proyecto de Ley de contratos del sector público y los escenarios que se abren respecto de la gestión indirecta de los servicios públicos.

Barcelona, 21 de marzo de 2017

José Luis Martínez-Alonso Camps (Profesor asociado de la Universidad de Barcelona y Director de Servicios de Secretaría de la Diputación de Barcelona).