Existe un movimiento global para promover sistemas estratégicos anti-corrupción a nivel nacional o regional, con un detallado catálogo de intervenciones. Su fundamento teórico institucionalista pone el énfasis en cambios en las reglas del juego formales e informales con las que se gestionan los asuntos públicos. En la evaluación de las medidas se ha considerado clave el conocimiento de las leyes aprobadas, los reglamentos y órganos, y hasta los medios operativos consignados para hacerlo. Pero no se ha estudiado suficientemente el cambio que estas transformaciones normativas y organizativas tienen en la sociedad, esencialmente si generan acción colectiva o no, una conciencia cívica más exigente. En nuestra investigación vamos a tratar de comprobar en qué medida una estrategia anticorrupción ambiciosa y que reúne casi todas las condiciones establecidas por los organismos internacionales como necesarias ha producido efectos sociales en: 1. La percepción de corrupción. 2. La confianza intersubjetiva y en las instituciones. 3. La acción colectiva, medida por la asunción de responsabilidad personal en la lucha anti-corrupción, en concreto, voluntad de denunciar, rechazo de la corrupción e imagen de los whistleblowers. Para ello, se trabajará con una encuesta específica, desarrollada en el marco de otro proyecto de investigación, con datos de la Comunidad Valenciana y se compararán con datos generales de España. Al no existir suficientes datos pre-tratamiento, creemos que la comparación con otro modelo, como es el de España, nos puede aportar criterios suficientes para sacar conclusiones sólidas. En todo caso, se harán controles con los datos pre-tratamiento existentes.