Las políticas públicas de carácter social, dirigidas a sectores de población en situación de vulnerabilidad y a poblaciones concretas como la población inmigrante se están adaptando a una implementación de las medidas negociadas y de carácter progresivamente más interdisciplinar y con un fuerte componente de interoperacionalidad.

De una época de aumento de población inmigrante de origen extranjero se ha pasado a una situación de carencia de recursos para los que aún se quedan en el país de acogida y se está empezando a equiparar y homogeneizar las necesidades con la ciudadanía en general, y ello ha sido cambiante  desde el inicio de la grave crisis económica experimentada por España desde finales de 2007. Principal causa un aumento espectacular de los niveles de desempleo, con fuertes ajustes presupuestarios y un incesante recorte de prestaciones sociales (como es el caso de los servicios sociales ) y adquisitivo de la población en general. Por ello, se ha comenzado a cuestionar no solo la llegada de nuevos inmigrantes, sino que se está limitando y cuestionando el acceso a los recursos de los ya residentes y se está analizando estrictamente el impacto que su presencia puede tener sobre el Estado de bienestar y un futuro aceptable para todos y todas que por otra parte, se está equiparando en situación de necesidad a la población española.