En la teoría jurídica liberal, de matriz pandectística, las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza (concebida como conjunto de bienes susceptibles de apropiación) se articulan alrededor de la idea de dominio, que enlaza con la propiedad como elemento nuclear en la cultura de los derechos, sustancia última en la configuración de la sociedad propia de la economía-mundo capitalista. La evolución social y tecnológica ha permitido, efectivamente, desplegar globalmente las relaciones de apropiación concebidas en este contexto, con lo que se ha llegado a una fase de evolución de la biosfera en la que ésta viene configurada, fundamentalmente, por la acción humana; es lo que se ha venido a llamar el Antropoceno.

En esta nueva fase de evolución tanto de la biosfera como de las comunidades humanas, se requieren estructuras institucionales y artefactos conceptuales apropiados para avanzar hacia una gobernanza de la base biofísica de la reproducción social que garantice sus sostenibilidad y su equidad. En este contexto, la fragmentación de la biosfera, a través de las estrategias de apropiación clásicas, se muestra inadecuada para permitir el desplieuge de políticas efectivamente orientadas a la sostenibilidad y la equidad en la comunidad social global. Cobra aquí importancia la noción de bienes comunes, que deben distinguirse no solo de los bienes privados, sino también de los públicos.

Ello exige un replanteamiento del contenido de las relaciones entre seres humanos y recursos naturales, que transite desde la apropiación a la responsabilidad, lo que, obviamente, impacta, asimismo, en la construcción de estrategias institucionales adecuadas, que deben ir más allá de la delimitación y la apropiación, para construir políticas cooperativas de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que ha ido consolidándose en el marco del Derecho internacional del medio ambiente. El diseño de una matriz teórica al entorno de la responsabilidad constituye el punto de partida necesario para cualquier articulación institucional en la protección y el aprovechamiento sostenible y equitativo de los bienes comunes.