El Decreto-ley 13-2022 para la reconciliación penal en Túnez ha sido fuente de controversia en el país y es un objeto de estudio que requiere un enfoque multidisciplinar. La legislación establece un proceso de reconciliación penal para empresarios y operadores de corrupción que se enriquecieron ilícitamente y a costa del Estado. Es un caso que ofrece lecciones valiosas para el estudio de las transiciones políticas, dado que es un mecanismo extraordinario que se establece para aclarar y lidiar principalmente con crímenes cometidos previo a 2011, con un propósito aparentemente doble: en un intento de tejer nuevas alianzas (o al menos una relación menos antagónica) con actores clave del antiguo régimen que pueden asegurarse un grado de impunidad y que, sin embargo, también puede encajar discursivamente con el mensaje populista y anti-corrupción que defiende Kaïs Saied. Asimismo, la legislación se ha establecido basada en preceptos que se enmarcan en marcos normativos de la justicia transicional y la construcción de paz: reconciliación, reparación, justicia y reintegración. Además, la defensa del ejecutivo de la legislación y los procesos de reconciliación se basa en que la recaudación apoyará el proceso de democratización desde la base que afirma defender Kaïs Saied, financiando proyectos de desarrollo en regiones socio-económicamente vulnerables y aportando capital para el establecimiento de las sociedades comunitarias (sociétés communautaires) de nuevo cuño, con las respectivas implicaciones en economía política y desarrollo para el país. Esta ponencia busca abordar la legislación, el contexto político, y las consecuencias que está teniendo las reconciliaciones penales en el marco del Decreto-ley 13-2022 desde esta perspectiva multidisciplinar: con un análisis de la narrativa por parte del ejecutivo sobre la reconciliación, un análisis del contexto legal y político de la legislación y del rol de las personas que se acogen a los procesos de reconciliación, un análisis de las reconciliaciones llevadas a cabo y, con ello, una valoración del potencial impacto en la política desarrollista del Estado. Estos objetivos se cumplirán mediante un análisis de fuentes primarias y secundaras: legislación publicada en el JORT, análisis de sociedad civil y publicaciones en prensa sobre casos paradigmáticos de reconciliación.