Una de las principales conclusiones de los estudios sobre sistemas electorales es que sus reformas son algo excepcional en perspectiva comparada (Katz, 2008). La estabilidad que caracteriza a las reglas electorales encuentra en el caso español un magnífico ejemplo. Ahora bien, aunque lo anterior es perfectamente cierto en el nivel nacional donde los sistemas electorales de Congreso y Senado se han mantenido inalterados desde las primeras elecciones de 1977, en el nivel subnacional se aprecian algunas excepciones respecto a esa pauta general marcada por la inercia institucional.

Concretamente, han sido 10 las reformas electorales acontecidas a nivel regional en los más de 35 años transcurridos desde los inicios del proceso autonómico. Dichas reformas van desde la modificación del sistema electoral gallego en 1992 para elevar la barrera electoral del 3 al 5 por ciento, hasta la reciente reforma del sistema electoral murciano en 2015, mediante la que se sustituyeron las antiguas cinco circunscripciones por un distrito electoral único que abarca el conjunto del territorio de la comunidad y se redujo la barrera legal del 5 al 3 por ciento. Mientras que algunas de esas reformas afectaron a las barreras electorales (Baleares en 1995, Canarias en 1996 o País Vasco en 2000), otras incidieron en el tamaño de los parlamentos (C. Valenciana en 2006, Cantabria en 2012 o Castilla-La Mancha en 2007, 2012 y 2014).

El presente trabajo tiene un triple objetivo. En primer lugar, se indaga en las circunstancias en las que se desarrollaron los procesos de reforma electoral que han llegado a materializarse. En segundo lugar, se estudia la orientación (aperturista o restrictiva) de cada una de las reformas. Por último, se trata de identificar los factores desencadenantes de estos peculiares procesos de reforma institucional.