La conflictividad del modelo de vertebración territorial tiene sus consecuencias en el conjunto de políticas públicas y ello también aparece reflejado en la configuración de la política de cooperación al desarrollo en España que cuenta con muchos de los caracteres que configuran el sistema de relaciones intergubernamentales en nuestro país. En el ámbito de la cooperación española, la cooperación autonómica y local se configura como una característica peculiar de nuestro país. En este contexto, la necesidad de coordinación se muestra como necesaria y para ello han sido varios los instrumentos propuestos desde la Ley de Cooperación (1998). Las últimas novedades aparecen recogidas en el Plan Director 2009-2012 que establece objetivos e indicadores para avanzar en dicha coordinación y plantea algunas reformas en el ámbito de la colaboración entre Administraciones Públicas apoyándose en el principio de “coherencias de políticas”, como: impulsar la recién creada Comisión Delegada del Gobierno para la Cooperación al Desarrollo, la creación de una Conferencia Sectorial, la posibilidad de transformar el Consejo de Cooperación al Desarrollo en un órgano consultivo de políticas de desarrollo y el fortalecimiento de las Comisiones Interministerial e Interterritorial. Cuando estamos a un año de la finalización del mismo parece oportuno realizar un análisis de los instrumentos propuestos analizando su idoneidad y valoración, así como plantear nuevas perspectivas desde una visión politológica del tema, hoy en día, poco o nada utilizada en ámbitos como los del desarrollo.