En este trabajo se narra el intento de cambio institucional llevado a cabo en España en el periodo 1808-1814, aprovechando el colapso de la monarquía absoluta generado por el conflicto bélico con el ejército napoleónico. Tal intento no prosperó y dio lugar a un largo y turbulento proceso de implantación de las instituciones liberales, que se prolongó hasta el último tercio de la centuria, hecho que no permite contrastar cuantitativamente los efectos del cambio institucional sobre el desempeño económico, pero cabe esperar que la garantía de los derechos de propiedad, la seguridad en el cumplimiento de normas y contratos, y la reducción de costos de transacción resultante impulsarían la libertad económica y estimularían la inversión y, con éstas, el crecimiento económico.

El liberalismo español compartía los planteamientos políticos del liberalismo inglés frente a la Corona inglesa y la idea de que el progreso económico exigía acabar con el poder depredador del Estado para liberar las fuerzas productivas. Los liberales van a aprovechar la excepcional coyuntura que les brindaba el conflicto para llevar a cabo una ingente labor legislativa tendente a suprimir los obstáculos de tipo institucional que pervivían del Antiguo Régimen e implantar un sistema político representativo que limitara el absolutismo monárquico, y a sentar las bases de un nuevo sistema económico y hacendístico.

El proceso reformista se enfrentó a fuertes reacciones y resistencias dentro y fuera del ámbito parlamentario y se truncó a la vuelta de Fernando VII, que disolvió las Cortes, restauró el absolutismo político y su vieja maquinaria, y la sociedad estamental. Una medida legislativa, el Decreto de 4 de mayo de 1814, bastó para retroceder a las estructuras político-sociales del Antiguo Régimen existentes en 1808. Tal hecho pone de relieve que las reglas formales, que definen el sistema jurídico y político y los derechos de propiedad, pueden cambiarse radicalmente a través de decisiones políticas deliberadas, y que las informales (tradiciones, ideología, normas sociales) son muy resistentes al cambio.

Para desarrollar esas ideas centrales, el trabajo se estructura en cuatro apartados y unas reflexiones finales. En el primero (epígrafe dos) se describen las bases del nuevo orden político, con especial énfasis en la soberanía nacional y la división de poderes. En el segundo (epígrafe tres) se estudia el paso del Estado fiscal depredador al Estado fiscal contractual. En el tercero (epígrafe cuatro) se da cuenta del conjunto de medidas dirigidas a crear y consolidar los nuevos derechos de propiedad y liberalizar las actividades productivas. Por último, en el cuarto (epígrafe cinco), se analizan las reacciones y resistencias al cambio institucional.