Si bien el paradigma de la gobernanza multinivel se desarrolló con la expansión de las competencias y políticas públicas europeas desde finales de los 80 (Marks, 1993), las aspiraciones a un nuevo paradigma que sobrepasase la lógica del Estado Miembro en una Unión Europea (muy particularmente “La Europa de las Regiones”) la cristalización de este proceso en el Tratado de Lisboa (2009) demostró las limitaciones de las posibilidades reales de participación subnacional en la UE. Paradójicamente, dichas avenidas se multiplicaron desde entonces bien como "imput legitimacy" (consultas públicas), participación en la implementación de políticas públicas (por ejemplo, el Pacto de los Alcaldes,) así como nuevas formas de metagobernanza (por ejemplo, la Agenda Urbana de la UE) o de participación indirecta -vía Comité de las Regiones- o estructurada (Pacto Rural Europeo, RegHub, Fit4Future, Territorial Impact Assessments) en la llamada “Better Regulation”. Así, pasamos de la defensa de la subsidiariedad como mecanismo defensivo y de orden jurídico (Sistema de Alerta Temprana) a mecanismos consociativos de orden político y tecnocrático basados en la evidencia (Active Subsidiarity, 2018; Semestre Europeo, 2019), confirmados en los resultados de la Conferencia sobre el futuro de Europa (2022). En un contexto de posible revisión de los Tratados durante el mandato 2024-2029, con el fin de afrontar el desafío de una nueva ampliación en un contexto de riesgo geopolítico y de busca de autonomía estragégica y mayores respuestas comunitarias a las policrisis (Zeitlin, 2020), evidenciadas en la COVID-19 o la guerra de Ucrania, se examina si existe margen de mejora de la participación subnacional en la UE del futuro.