La presente mesa abordará entre otros tópicos, „reflexiones en torno a las causas de la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia de Morales“. La propuesta de exposición que pongo a consideración de la mesa, se dirige a esta dimensión, a saber, a la de los antecedentes que desembocaron en la renuncia de Evo Morales. La propuesta, sin embargo, apunta a develar no tanto los usuales sospechosos (caída de los precios internacionales, pérdida de legitimidad del gobierno de Morales, o prácticas ilegales y anti-constitucionales de los gobernantes de turno sumadas a fallas de órganos como el electoral o el judicial), sino a la evolución más estructural del regimen mismo. En otras palabras, más allá de los acontecimientos de orden sub-estructural, pongo atención en el tipo de régimen político que primó desde alrededor del 2006 en Bolivia. Para ello pongo a debate dos entradas analíticas: primero la ductilidad del concepto de „autoritarismo competitivo“ (Levistky y Way, 2010) para abordar este tema de orden clasificatorio. Mi tesis es que si bien este concepto es valioso y podría ser el o uno de los accesos a la calificación técnica de la evolución del regimen boliviano desde 2006 hasta 2019, tengo la impresión que es insuficiente pues „autoritarismo competitivo“ no contempla un quiebre de regimen que se dé por fallas distintas a aquellas que afecten a factores estrictamente vinculados al equilibrio del campo de competencia política, que es dónde apunta el concepto de autoritarismo competitivo. Al final, propongo un concepto alternativo capaz de rastreas causas de derrumbe democrático no inmediatamente visibles a los ojos del observador. El segundo aspecto que debato es la posibilidad de una democracia sin estado de derecho, constelación que sostengo primó en Bolivia antes que la democracia misma se desplomara allá por el 2013. La filosofía política convencional sostiene que ambas cosas o vienen juntas o no viene nada (Habermas, 2004). Tengo dudas sobre la co-existencialidad de ambos polos, es decir, de la mutua necesidad entre democracia y estado de derecho. Desprender ambos polos, sin negar que puedan co-existir en condiciones históricas específicas como sucede en un puñado de „democracias occidentales avanzadas“, permite una valoración menos normativa de lo que Bolivia representó en términos de regimen. Ello con el fin de evitar aquellas „puntuaciones“ de la calidad de democracia en Bolivia, que desde organismos internacionales de medición democrática, la castigaron durante años, por desbancar al estado de derecho siendo que, aun así y por un tiempo, mantuvo la democracia en cierto grado. Se trata pues de un sórdido caso de lo que podría llamarse „injusticia conceptual“, o sea, el de „castigar“ evaluativamente a un país por fallas en un factor (el estado de derecho) que, en realidad, no pertenece a lo que está siendo medido (la democracia).