El uso de armas de fuego provenientes de naciones extranjeras es determinante en la ampliación y aumento de resultados mortales en la dinámica de seguridad latinoamericana. Este documento busca explorar los debates teóricos existentes respecto a este tema en el marco del derecho internacional público. Se propone como hipótesis que, aunque existen elementos de soft law en el derecho internacional público, la implementación de una respuesta jurídico-institucional estaría sostenida únicamente a través del derecho a la seguridad colectiva, el cual no ha sido completamente definido en el derecho internacional. El texto propone que el deber de garantía de los estados también se relaciona con las responsabilidades de las personas jurídicas de derecho privado en su deber de respetar la normativa, tanto nacional como internacional. Por lo tanto, cualquier esfuerzo futuro para controlar el flujo de armamento implica respuestas coordinadas e intraestatales para otorgar niveles de obligatoriedad al Derecho Internacional.