La violencia hacia las mujeres en el ámbito público y, más específicamente, en el ejercicio de sus derechos políticos cobró relevancia en 2012 cuando Bolivia sancionó la ley 243 denominada “Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres”. Bolivia fue así el primer país de la región en avanzar hacia la definición y visibilización de la violencia hacia las mujeres en el ámbito político-electoral. Esta norma, impulsada por la Asociación de Concejalas Bolivianas (ACOBOL) durante más de doce años fue aprobada después del asesinato de la primera concejala electa del municipio de Ancoraimes, Juana Quispe Apaza (Tula, 2021). Paradójicamente algunas investigaciones observan que esta violencia aumentó en la misma proporción que las mujeres empezaron a ocupar más cargos o puestos jerárquicos de decisión. Como objetivo principal se busca  comparar los avances y retrocesos de las legislaciones sobre violencia política contra las mujeres y sus efectos en la participación política en cinco países de América Latina Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México.