Este artículo analiza comparativamente la Ley 03.23 de reforma del Código de Procedimiento Penal y el proyecto de ley 22.20 en Marruecos como manifestaciones de un autoritarismo legal adaptativo en el periodo post-Primavera Árabe. Aunque ambas iniciativas fueron presentadas oficialmente como instrumentos de modernización normativa destinados a responder a nuevas exigencias institucionales, tecnológicas y jurídicas, su contenido y la controversia generada en torno a ellas permiten interpretarlas también como mecanismos de redefinición del control estatal sobre el espacio público. El proyecto 22.20, orientado a regular determinados usos de las redes sociales, suscitó una amplia contestación por el potencial restrictivo de sus disposiciones sobre libertad de expresión y protesta digital. Por su parte, la Ley 03.23 reabrió el debate sobre los límites impuestos a la intervención de las asociaciones en procesos judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción y fondos públicos. Desde una perspectiva crítico-politológica, el artículo sostiene que ambas normas revelan una estrategia de gubernamentalidad jurídica basada en preservar una imagen de reforma y Estado de derecho, mientras se restringen de forma selectiva los canales de vigilancia social y rendición de cuentas.