Los antecedentes históricos de la relación entre Cuba y los Estados Unidos obligan a no descartar escenarios de agresión directa o indirecta por parte de Washington. Episodios como la explosión del acorazado Maine en 1898, utilizada como pretexto para la intervención estadounidense, o la invasión de Bahía de los Cochinos en 1961, consolidaron una dinámica de confrontación estructural y desconfianza mutua. En este marco histórico, las amenazas formuladas por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, sumadas a los patrones de actuación de su administración, permiten identificar una conducta recurrente que, desde un enfoque analítico, sugiere una elevada probabilidad de escalamiento del conflicto, incluso si se mantienen formalmente abiertos canales diplomáticos. Por esta razón, en este texto se analiza los posibles escenarios prospectivos que puede generar la política de Estados Unidos hacia Cuba durante la administración Trump–Rubio, evaluando la interacción entre las amenazas de intervención, la presión económica, los condicionantes electorales internos de ambos vecinos y las oportunidades limitadas que puede ofrecer la negociación bilateral.

En un contexto donde se abre varios escenarios, por una parte se encuentra la no intervención militar directa, siendo previsible un endurecimiento de las sanciones económicas y energéticas con el objetivo de provocar desestabilización interna en la isla. En el escenario contrario, una intervención podría producirse en los meses previos a las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre de 2026, reforzando una reformulación contemporánea de la Doctrina Monroe que concibe nuevamente a América Latina y el Caribe como un espacio de influencia exclusiva de Estados Unidos. Aplicando la popular frase cubana “Que nadie toca nada, yo solo puedo tocar”. Esta estrategia buscaría reforzar de momento la dependencia económica de Cuba, castigando a empresas o países que comercien con la isla y extendiendo esta lógica al conjunto de la región.

Otro objetivo de esta política podría ser la obtención de una victoria política que permita compensar el desgaste económico y social derivado de otras intervenciones militares, particularmente la realizada en Irán. Ello facilitaría la movilización de la base electoral en los denominados Estados bisagra, especialmente en Florida, donde el voto anticastrista representa un peso relevante (29 votos electorales). Sin embargo, la encuesta de YouGov indica que el 61 % de la población estadounidense se opone al uso de la fuerza militar contra Cuba y que el 57 % rechaza un intento de derrocar al gobierno cubano. Solo el 13 % apoyaría un ataque militar, y el 18 % respaldaría el uso de la fuerza para un cambio de gobierno.

Paralelamente, no puede descartarse que, en el marco de negociaciones indirectas con mediación del Vaticano, se exploren fórmulas orientadas a un cambio político limitado. En este sentido, Marco Rubio ha afirmado reiteradamente que “Cuba necesita dos cosas: reforma económica y reforma política”, subrayando la inviabilidad de transformaciones económicas profundas sin modificaciones en el sistema político.

No obstante, las recientes declaraciones de Miguel Díaz-Canel y de Marco Rubio sugieren un serio deterioro de la vía del diálogo, pese a avances parciales como la liberación progresiva de más de 2.000 presos políticos y el reconocimiento constitucional, en 2019, de libertades de expresión y asociación, posteriormente restringidas tras las protestas de 2021, incluyendo limitaciones al uso de Internet.

Mientras tanto, la población cubana continúa siendo la principal víctima de los efectos del bloqueo económico, a pesar de la apertura controlada de la economía y de la política exterior a la inversión privada, incluida la proveniente de cubanos residentes en el extranjero. En la entrevista concedida por Díaz-Canel al Canal Red el 25 de marzo de 2026, el presidente cubano confirmó la existencia de negociaciones, condicionadas al respeto de la soberanía, la igualdad entre las partes, la no injerencia y la ausencia de condicionamientos previos.

En una fase posterior podrían abordarse aspectos como la liberalización gradual de la economía, la inversión estadounidense en sectores estratégicos, mecanismos de indemnización por las nacionalizaciones posteriores a 1959, así como temas relativos a migración, derechos humanos, narcotráfico, seguridad regional y medioambiente. Estas demandas se entrelazan con reclamaciones históricas cubanas, como la devolución del territorio ocupado por la base naval de Guantánamo y la compensación por los daños del bloqueo.

El proceso de negociación en curso no garantiza ni un cambio de régimen en Cuba, ni cubrir la necesidades de la socidad cubana, ni una modificación estable de la política de Trump, caracterizada por su imprevisibilidad. Por otra parte, se refuerza las alianzas geopolíticas construidas en torno a los conflictos de última generación, como es el caso del conflicto Rusia – Ucrania y las antiguas, como ha sido la crisis de los misiles de 1962. Esto no hace más que reforzar el carácter instrumental del intervencionismo hegeminoco estadounidense dentro de la estrategia global de Washington.

En este contexto, el desarrollo del diálogo podría transitar desde una etapa inicial de amenazas y presión diplomática, liderada por el secretario de Estado, hacia una fase en la que intervengan actores cercanos al entorno presidencial, siguiendo patrones observados en acuerdos recientes, como el alcanzado entre Israel y Hamás en 2025. Un eventual acuerdo reforzaría la posición electoral de Trump en los Estados bisagra y constituiría un activo político significativo para una futura candidatura presidencial de Marco Rubio, además de generar una posible acogida favorable en determinados sectores de la sociedad civil estadounidense, dado el valor simbólico que Cuba representa como emblema de resistencia frente a la política exterior de Washington en América Latina y el Caribe, así como en amplios sectores de la comunidad internacional.