La transformación de las amenazas ha puesto en tensión el equilibrado binomio libertad-seguridad. Esta percepción de peligro e inseguridad es la que muchos políticos y ciudadanos tienen sobre el tiempo que nos ha tocado vivir. A ello se suma la dificultad para seguir utilizando las recetas que desde la Seguridad Nacional se esgrimían contra las amenazas externas. Por ello, el concepto de Seguridad Nacional y los mecanismos que el Estado diseñó para garantizar ésta, llevan tiempo en proceso de cambio. No en vano, desde los parámetros de la SSR (Security Sector Reform) se alude a un entramado mucho más amplio y versátil que el tradicionalmente utilizado (potencia militar y armamentística). Y aunque los instrumentos utilizados no sean novedosos (fuerzas armadas, policías, justicia, inteligencia, etc.) sí lo son sus roles, actuaciones, así como la dinámica de actuación coordinada. La caída de las dictaduras en América Latina, así como sus reincidentes golpes de Estado, la desaparición del bloque del Este, la guerra de los balcanes, los atentados del 11 de septiembre contra los Estados Unidos, la dos guerras de Irak, Afganistán, la irrupción en Occidente de Al-Qaeda y del califato del Frente Islámico o las revueltas populares democratizadoras de la denominada “primavera árabe”, las guerras en Sudán, Ucrania o Gaza por citar sólo alguno de los eventos cruciales y de muy diversa índole, de los últimos cuarenta años, han supuesto importantes puntos de inflexión que han ido provocando novedosos escenarios en la seguridad y profundos cambios en las estrategias de seguridad y en las políticas de defensa. Pero estos cambios tardan años en plasmarse y en estar plenamente activos. A todo ello se unen elementos que no parecieron en otras épocas securitarios, pero que actúan como potenciadores del riesgo en todo el mundo: las epidemias y pandemias, los desastres generados por el cambio climático, el crecimiento de la extrema derecha o figuras políticas poco escrupulosas con la democracia. La seguridad se ha convertido así en una de las principales preocupaciones de los gobernantes y los ciudadanos; una seguridad cuya falencia puede tener importantísimas consecuencias en la economía y en la política de los Estados –máxime en una coyuntura de intensa crisis económica. Una seguridad que tradicionalmente ha ubicado -en ocasiones con poco tino- a las Fuerzas Armadas y a la política militar en la primera línea de cobertura de los riesgos y amenazas.