Este estudio se centra en el papel de la Corte Constitucional española en el estado de autonomías de 1980 a 2014. En primer lugar, demuestra que la Corte marcó profundamente los contornos del proceso de descentralización a través de una dinámica de judicialización. En segundo lugar, esta investigación analiza el proceso de politización de la justicia constitucional por parte de los actores territoriales. Esta dinámica condujo a la casi paralysación del Tribunal Constitucional de 2008 a 2012 mediante el dictamen de la reforma del estatuto catalán. Este artículo concluye que la Corte puede interpretarse mejor como un "fideicomisario" que aspira a seguir siendo un árbitro independiente dentro de un marco que carece de foros alternativos para regular las relaciones intergubernamentales.