La política educativa española (1975-2025) ejemplifica la complejidad del diseño e implementación de políticas en un entorno de alta fragmentación ideológica. El análisis evidencia cómo la ausencia de un consenso estable ha generado una sucesión de reformas legislativas (LODE, LOGSE, LOMCE, LOMLOE) que, en lugar de consolidar el sistema, han institucionalizado la inestabilidad, dificultando la evaluación de impactos y la mejora continua. Esta dinámica refleja un fallo de gobernanza colaborativa, donde la falta de acuerdos intergubernamentales y la participación discontinua de los actores han impedido traducir la universalización del acceso en equidad de resultados.

Para avanzar, la innovación en políticas públicas debe centrarse en mecanismos de transferencia de conocimiento y experimentación. La implementación de modelos como la Formación Profesional Dual y las iniciativas de digitalización (EdugalIA, IDEE) son ejemplos de innovación abierta, aunque su efectividad se ve limitada por una evaluación insuficiente y la falta de escalabilidad. Los principales desafíos -la transformación tecnológica (IA), los cambios demográficos y la desigualdad territorial- requieren nuevos diseños institucionales que prioricen la evaluación de impacto y la co-producción de políticas con la comunidad educativa y el sector productivo. Superar el actual campo de batalla ideológico para alcanzar un Pacto de Estado por la Educación se revela como el prerrequisito indispensable para institucionalizar una gobernanza colaborativa que garantice la estabilidad y permita una gestión intergubernamental eficaz, consolidando así la educación como un pilar resiliente del Estado de bienestar.