La legitimidad de las acciones de gobierno se encuentra determinada por la eficacia, la eficiencia y la calidad con la que satisfacen las necesidades de los ciudadanos y procuran mejorar el entorno y su calidad de vida. Constituye ya un axioma ampliamente reconocido la importancia y el valor central que asumen los empleados públicos para la puesta en práctica de los programas de gobierno, su adecuada implementación y desarrollo de las políticas públicas. Son ellos los que haciendo uso de su conocimiento y talento aportan valor añadido a las acciones públicas y los que a través de su saber hacer, competencias e intelecto logran los resultados y el desempeño que la implantación de los programas de gobierno exige.

Las posibilidades de innovación y creación de valor público en las Administraciones dependen de las capacidades de la que disponen los empleados para poner en práctica y aplicar en su actividad laboral los conocimientos que hayan adquirido.

Ello obliga a las autoridades y gestores públicos a comprometerse  para que los servidores públicos tengan una adaptación continua de sus conocimientos y competencias pero también a estimularles a compartir sus conocimientos e ideas y a buscar de forma corresponsable soluciones y aportaciones innovadoras en la gestión y en la prestación de los servicios públicos

Los requerimientos que se exige a las Administraciones públicas para la puesta en marcha de un modelo de gestión del conocimiento con el que compartir ideas; experiencias y prácticas y los condicionantes y requerimientos que han de ser exigidos para garantizar una gestión eficaz y eficiente del capital intelectual son los aspectos que motivan la presentación de esta ponencia.