La regulación de los grupos de interés como actores del proceso de elaboración de políticas públicas constituye uno de los principales retos de la gobernanza democrática en España. La ausencia histórica de una normativa estatal integral —señalada por autores como Rubio Núñez, 2019 o Ridao, 2017)— desplazó la iniciativa regulatoria hacia el ámbito autonómico durante más de una década. En ese contexto, la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana, y su desarrollo reglamentario mediante el Decreto 172/2021, constituyeron durante años el caso más avanzado del Estado, al articular el Registro de Grupos de Interés de la Generalitat, la huella normativa y un mecanismo de participación estructurada en la elaboración normativa del Consell.

La reciente presentación ante las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés (enero de 2025, actualmente en fase avanzada de tramitación parlamentaria) reubica el debate, aunque no lo resuelve: el texto estatal se limita al ámbito de la Administración General del Estado, respeta la autonomía normativa autonómica y reproduce algunas de las lagunas subjetivas ya presentes en el modelo valenciano. Ante esta situación, analizamos críticamente en qué medida la Ley 25/2018 ha logrado transformar la actividad de influencia en una forma reglada de asesoramiento experto, revisando su grado de implementación efectiva desde la entrada en funcionamiento del registro en febrero de 2022, sus limitaciones observadas y los retos de articulación multinivel pendientes. Todo ello a partir de la revisión crítica de la literatura especializada.