La evolución democrática que han experimentado las monarquías europeas occidentales en el último siglo ha venido acompañada de la retirada del poder efectivo al rey. Así ha ocurrido con la Monarquía parlamentaria diseñada por la Constitución española de 1978. El monarca español adquiere una posición simbólica que requiere del refrendo ministerial para que produzcan efectos jurídicos los actos que lleva a cabo en su condición de jefe de Estado.

Como correlato a esa pérdida de potestas en pos de la neutralidad política, el ordenamiento constitucional establece la no sujeción a responsabilidad del rey. Pero esto, a su vez, puede abrir espacios para una aparente impunidad a ojos de la opinión pública. Y dar lugar a situaciones que paradójicamente pueden ser democráticamente insostenibles.

Ante las disfunciones que pueden identificarse en los ordenamientos constitucionales frente a las acciones u omisiones de un rey no responsable, las convenciones emergen como mecanismos que permiten ajustar los sistemas monárquicos a las exigencias democráticas del siglo XXI. Se trata de usos, prácticas, máximas o preceptos que conforman un cuerpo no legislativo, y que se mueven en el ámbito de la ética constitucional o la política. Son un soft law a través del que gran parte de las monarquías europeas interpretan sus textos constitucionales para ser considerados sistemas democráticos.