Las democracias contemporáneas se configuran como regímenes que, en su horizonte normativo, promueven la inclusión y la igualdad; sin embargo, en su despliegue práctico, reproducen dinámicas de exclusión estructural. Esta tensión se expresa en la relación entre el Estado y los pueblos originarios latinoamericanos, cuyos proyectos de autogobierno desafían las lógicas homogeneizadoras del orden liberal. Si bien el liberalismo ha sido históricamente criticado por su pretensión universalista y su tendencia a invisibilizar diferencias culturales, también contiene herramientas normativas —como el reconocimiento de derechos, la autonomía y la libertad— que permiten repensar la inclusión desde una perspectiva pluralista. En este sentido, la demanda por autogobierno indígena no solo interpela al Estado, sino que exige una reformulación del propio liberalismo, orientada a garantizar condiciones efectivas para la reproducción de formas de vida diversas. Así, la inclusión deja de ser una mera incorporación al marco estatal dominante y se redefine como el reconocimiento activo de sistemas normativos propios. Este trabajo sostiene, bajo la crítica del autonomismo boliviano, que una democracia verdaderamente inclusiva requiere transitar desde un liberalismo abstracto hacia un liberalismo intercultural, capaz de articular igualdad y diferencia sin subsumir la diversidad bajo un único modelo político-cultural.